@MartxeloDiaz
IRUÑEA

OPE de Educación, cargada de razones

El anuncio por parte del Departamento de Educación del Gobierno navarro de una Oferta Pública de Empleo (OPE) ha generado una tormenta política y mediática en la que la oposición ha recurrido a la descalificación y a la acusación de que se quiere imponer por la fuerza el euskara. El Gobierno ha presentado una y otra vez datos que explican la razón por la que se ha adoptado este medida, que todavía debe ser negociada con los sindicatos.

José Luis Mendoza, junto a Esteve Petrizán, en la apertura del curso. (Idoia ZABALETA / ARGAZKI PRESS)
José Luis Mendoza, junto a Esteve Petrizán, en la apertura del curso. (Idoia ZABALETA / ARGAZKI PRESS)

El objetivo de la Oferta Pública de Empleo (OPE) es reducir la interinidad de los profesores de la enseñanza pública. Las últimas oposiciones se realizaron en 2011 y la necesidad de estabilizar las plantillas se presenta como una realidad. Hasta el líder de UPN, Javier Esparza, prometía en la precampaña electoral que convocaría 900 plazas de funcionarios si resultaba elegido presidente. La necesidad existe y este ha sido el principal objetivo del Gobierno de Uxue Barkos a la hora de convocar las oposiciones.

En los últimos años, la demanda de educación exclusivamente en castellano se ha reducido notablemente. En Iruñerria, en la enseñanza pública los modelos con euskara son mayoritarios, ayudados por el hecho de que quienes optan por la enseñanza en castellano acuden a los centros concertados. La demanda en castellano en la comarca más habitada de Nafarroa es, por tanto, muy escasa.

Pero también se ha reducido la demanda de enseñanza exclusivamente en castellano en la denominada «zona no vascófona». En este caso, se debe fundamentalmente a la introducción del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) por parte de los gobiernos de UPN. No se trata de reforzar las clases de inglés, sino de que se imparten asignaturas en este idioma. Es algo similar al modelo D, aunque técnicamente es un programa y no un modelo. El objetivo es mejorar el conocimiento del inglés, aunque Yolanda Barcina reconoció en una entrevista en 13TV que también buscaban frenar el alza del euskara.

Este retroceso del modelo exclusivamente en castellano por la introducción del inglés ha sido reconocido en un informe de 2013 elaborado por el Gobierno de UPN. La lehendakari Uxue Barkos y el consejero José Luis Mendoza han recurrido hasta la extenuación a referirse a este informe en todas las comparecencias que han realizado esta semana para subrayar que la implantación del PAI ha ahogado la demanda de plazas exclusivamente en castellano. Se estima que son 738 los maestros que solo son capaces de dar clase en castellano que habrá que reubicar en los próximos años. Hay un excedente. Por tanto, convocar plazas exclusivamente en castellano no haría más que agravar un problema que ya existe.

La demanda de euskara e inglés como lengua vehicular ha provocado que cada vez sean menos las clases que se imparten en castellano. En Bera, en Iruñea y en Tutera. Por tanto, es lógico que la convocatoria de nuevas plazas se centre en euskara y en inglés, las más demandadas.

¿Por qué el Gobierno navarro no ha convocado plazas en inglés?

Básicamente, porque el Gobierno español se lo impide. Existe un real decreto de 2007 que limita la capacidad de las administraciones autonómicas de convocar plazas en Educación a las lenguas cooficiales, que en el caso navarro son el euskara y el castellano. Por tanto, el Gobierno navarro no puede convocar plazas en inglés aunque quiera. Que sí quiere, según destacó el jueves Mendoza en Nafar Telebista.

La convocatoria de plazas de maestros es de 320 en total, de las que 228 son euskara y 92 en castellano. El porcentaje de plazas está escorado claramente hacia el euskara, con el 71,25% del total. Pero la descompensación se debe a que falta la segunda ‘pata’ de la demanda, la del inglés, que no se puede convocar. No es, como pudiera parecer en una primera lectura superficial, que se quiera priorizar el euskara para corregir años de marginación. No.

Moratoria del PAI

La aplicación del PAI ha sido polémica desde el inicio, con críticas de los principales sindicatos del sector. Este programa se ha introducido sin realizar estudios previos en profundidad y a marchas forzadas. La principal queja de sindicatos y apymas es que no se garantiza la capacidad del profesorado para impartir clases en inglés. En la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Adolfo Araiz (EH Bildu), la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales y portavoz del Gobierno, Ana Ollo, facilitaba los datos de la capacitación lingüística de los profesores del PAI, de los que están dando matemáticas en inglés, por ejemplo. De los 428 profesores del PAI, solo 348 tienen el nivel de inglés C1, el mínimo para el puesto que se requiere. Hay 22 que tienen un C1 «transitorio» y un 13,55% que tienen el B2, inferior al que es necesario. Por tanto, casi un 20% de quienes dan clases en inglés no tienen el título necesario. Es una muestra de que las cosas no se han hecho bien.

En este contexto, el Gobierno ha optado por aplicar una moratoria en la aplicación del PAI para analizar las consecuencias y el mejor modo para introducir el inglés como lengua vehicular. No se ha descartado su implantación sino que se ha retrasado para intentar hacerla bien.

Una oferta preliminar

Toda la polémica sobre las plazas se ha desatado tras darse a conocer la oferta preliminar del Gobierno. Es decir, las 320 plazas son la propuesta que el Departamento de Educación ha presentado a los sindicatos del sector. Ahora, comienza la fase de la negociación en la que se determinará si esas 320 plazas son las que se sacan a la oposición, son más o menos. Estamos, por tanto, al comienzo del proceso.

El Departamento de Educación se ha visto en el ojo del huracán de las críticas de la oposición y de algunos grupos que sostienen al Gobierno. Tanto la lehendakari Barkos como el consejero Mendoza han hecho autocrítica de cómo han comunicado esta cuestión. La nota de prensa que se difundió el pasado viernes destacaba solo el número de plazas en euskara y castellano y no explicaba los motivos de la descompensación, a la que se han agarrado los opositores.

En este contexto se ubica también la relación con los grupos que sostienen al Gobierno. El anuncio de la OPE se realizó el viernes 6 de noviembre, después de que se informara al Ejecutivo de la medida en la sesión del miércoles. En esa sesión, se destacó la necesidad de explicar bien la medida, algo que no se logró. El lunes, día 9, Podemos e I-E votan, en la reunión de Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, junto a UPN, PSN y PP dos declaraciones que piden directamente la retirada de la OPE. Hasta el día siguiente, martes 10 de noviembre, no se reunió el consejero con los cuatro partidos del cambio. Tras las explicaciones pertinentes, Podemos moderó su discurso. En declaraciones previas al Pleno del jueves, su portavoz Laura Pérez señalaba que de conocer los datos que tenían en la mano el martes no hubieran votado con la oposición el lunes.

I-E, en cambio, se mantiene en sus trece y sigue denunciando que existe una marginación de los profesores en castellano. A muchos ha sorprendido la beligerancia con la que la parlamentaria Marisa de Simón ha actuado en esta cuestión, acostumbrados a verla con una disposición al consenso con los grupos del cambio en todo lo que se refiere a la defensa de los servicios públicos. De Simón proviene del ámbito educativo y ha tenido responsabilidades en el sindicato CCOO, uno de los que más fervientemente se ha opuesto a la OPE, junto a Afapna.

A nadie se escapa que la distribución de las plazas y la redefinición de los modelos tienen un efecto claro en la representación sindical. Hay sindicatos que logran más apoyos entre los profesores en castellano y otros que los obtienen en el modelo D. En las pasadas elecciones sindicales, celebradas poco antes que las forales de mayo, LAB se impuso en el conjunto de la Administración navarra. Y también en Educación. En el sector del personal docente no universitario LAB obtuvo once representantes y Steilas diez. Estos dos sindicatos han mostrado su apoyo a la OPE, aunque tienen también algunas críticas. Afapna (ocho) y CCOO (seis) son los siguientes sindicatos con más representación y han sido los más críticos y beligerantes. ANPE (seis), ELA (cuatro), CSIF (tres) y APS (tres) completan la representación.