Tercer presidente francés en reunir de forma excepcional a la Asamblea Nacional y el Senado en Congreso en Versalles –anteriormente lo hicieron Nicolas Sarkozy, en 2009, y Luis Napoleón Bonaparte, en 1848–, François Hollande, con la solemnidad que requiere este tipo de anuncio, dijo el lunes: «Francia está en guerra».

En consecuencia, justificó que, para desarrollar este «combate», hay que tomar nuevas medidas de excepción, particularmente atentatorias contra las libertades individuales. Un giro securitario inédito, apenas cuatro meses después de que fuera aprobada una ley de seguridad duramente criticada, que se inspira directamente en los programas de la derecha republicana y de la extrema derecha.

Una de sus propuestas simboliza este viraje a estribor: la retirada de la nacionalidad. Hoy en día, los nacidos en el extranjero que posteriormente han sido naturalizados franceses pueden perder esta nacionalidad si son condenados por «un crimen o delito constitutivo de atentado contra los intereses fundamentales de la nación», por actos de «terrorismo» o por otros atentados contra «los intereses de Francia».

Retomando una vieja reivindicación de la extrema derecha, Hollande quiere extender esta medida a quienes tengan doble nacionalidad, aunque sean franceses por nacimiento.

En julio de 2010, durante su famoso discurso de Grenoble sobre seguridad, Nicolas Sarkozy ya había evocado esta posibilidad. Entonces, el Partido Socialista alzó la voz contra «la demagogia populista y xenófoba». Pierre Moscovici, ahora Comisario europeo de Asuntos Económicos, dijo que «amenazar con privar de su nacionalidad a los franceses de origen extranjero autores de ciertos crímenes nos retrotrae a los momentos más sombríos de nuestra historia». Cinco años después, Hollande copia la medida sin que nadie de su entorno tenga nada que replicar.

En su impulso guerrero, el presidente francés también anunció su intención de impedir el retorno de los binacionales que representen un «riesgo terrorista». Y, de nuevo, recogió el aplauso unánime de la bancada socialista.

Sin duda, la mayoría ha olvidado que los ciudadanos tienen derechos, incluso en tiempos de «guerra». Porque esta disposición contraviene claramente el Protocolo número 4 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, la cual estipula, en su artículo 3, que «nadie puede ser privado del derecho de entrar en el territorio del Estado del cual es nacional».

Sobre las ruinas del 11-S, los Estados Unidos de George W. Bush levantaron la Patriot Act. Violación de convenciones, detenciones arbitrarias, condiciones de detención inhumanas, torturas y malos tratos: numerosos juristas denunciaron la generalización de los atentados contra las libertades democráticas y los derechos fundamentales. La prisión de Guantánamo como símbolo del reino de la arbitrariedad y la ilegalidad.

Tras los anuncios de Hollande, varias asociaciones francesas temen que la emoción creada por los atentados abran la puerta a tales medidas de excepción en el Hexágono.

A la Liga de los Derechos Humanos (LDH) le preocupa que la única alternativa que se presenta a la ciudadanía francesa sea «un poder fuerte o el terrorismo».

La Quadrature du Net [asociación de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos en Internet] ha instado a «no dejar que la retórica belicista nos conduzca al doble terreno de ‘las guerras de civilizaciones’ y del enfrentamiento civil interno en nuestras sociedades».

Incluso el antiguo juez antiterrorista Marc Trévidic ha criticado la posible prolongación durante tres meses del estado de emergencia, que debe contar con aprobación parlamentaria. Entre otras medidas, este dispositivo permite a la Policía realizar registros sin mandato judicial. «Espero que no caigamos en la sobre-reacción que conllevaría encarcelar a todas las personas susceptibles de estar radicalizadas», previene.

Trévidic estima que, yendo más allá de un estado de emergencia limitado, «el Gobierno corre el riesgo de sobrepasar el límite de los principios republicanos», lo cual «sería contrario a la Constitución francesa y a la Convención Europea de Derechos Humanos», advirtiendo que «en Francia es imposible avanzar por esa vía».

Del estado de urgencia al Estado policial no hay más que un paso, el que François Hollande se prepara a dar.