«Lo básico y lo más serio es que obedezca (la búsqueda) a las propias líneas de investigación», ha dicho Alejandro Valencia al presentar los avances del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la segunda parte de su mandato.

En una rueda de prensa en la capital mexicana, Valencia ha destacado que se está avanzando en este sentido con la creación de una unidad especial para investigar el caso.

La experta colombiana Ángela Buitrago ha agregado que se «están realizando nuevas búsquedas», pero estas no deben darse donde «se quiera buscar, sino donde las líneas de investigación apunten».

Ha explicado que el coste humano y las expectativas de los familiares se ven lastimadas si no se «ponderan las probabilidades de éxito», y ha recordado que la búsqueda en casi 670 lugares de los jóvenes tras su desaparición el 26 de setiembre de 2014 en el municipio de Iguala se llevaron a cabo el pasado año y principios de este 2015.

Ahora se revisan «nuevos sitios», a través de la valoración de los datos obtenidos con las nuevas pruebas, ha indicado.

En la conferencia de este lunes, enmarcada en una segunda fase de la investigación que han considerado «satisfactoria» por «la disposición y el diálogo permanente» con el nuevo equipo, el GIEI ha aportado nuevas pruebas que contradicen la «verdad histórica» ofrecida por la Fiscalía mexicana a principios de este año.

Según dicha versión, los 43 jóvenes fueron capturados por policías corruptos y entregados al cártel Guerreros Unidos, cuyos miembros supuestamente los mataron e incineraron en el basurero del municipio aledaño de Cocula.

Al cierre de su primer mandato, el GIEI aseguró en setiembre pasado que no había indicios científicos que permitieran confirmar que los jóvenes murieron en un incendio en Cocula, según un peritaje elaborado por el especialista en incendios José Torero.

Los expertos han revelado que un estudio realizado el 30 de septiembre pasado por un centro de meteorología con imágenes de satélites refuerza esta teoría.

«Las imágenes satelitales captaron todos los incendios diurnos y nocturnos y no hubo ningún incendio en la zona de Cocula» los días 26 y 27 de setiembre de 2014, ha señalado Buitrago.

El GIEI ha asegurado que esas pruebas permiten refutar al jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Tomás Zerón, quien el 7 de setiembre pasado aseguró que si en el basurero no habían sido quemados todos los jóvenes, sí «un número importante».

Asimismo, el GIEI ha reiterado su interés en participar en las entrevistas a los soldados del Batallón 27 de Infantería, asentado en Iguala, y ha denunciado que no fueron invitados por la PGR a la toma de declaración de 11 militares el 26 de agosto y el 11 de setiembre pasados.

«El Grupo considera que se necesita reentrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos», ha señalado.

Además, el GIEI ha explicado que «si no está presente en las entrevistas, no podrá evaluar la calidad de la información aportada».

Los especialistas han pedido agilizar los trámites legales para concluir con la evaluación de la segunda autopsia realizada al estudiante de Julio César Mondragón, uno de los seis fallecidos en Iguala la noche en la que también desaparecieron los 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa.

Además, han instado a las autoridades «reforzar las garantías» a los detenidos, ya el 70% de los más de 110 arrestados por este caso tenían lesiones.

Sobre el quinto autobús tomado por los alumnos de Ayotzinapa la noche del 26 de setiembre y que se cree estaba cargado con droga oculta, los expertos han insistido en que es «central» en las pesquisas, ya que este puede ser el móvil del ataque armado hacia los estudiantes.