El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, volvió a insistir en que «quedan puntos importantes por resolver, pero he pedido que aceleremos esa negociación para poder decretar ese cese el fuego lo más pronto posible», tras destacar que con el acuerdo sobre las víctimas anunciado el martes en La Habana, sede de los diálogos de paz entre su Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), ya son cuatro los sellados de los cinco que componen la agenda.

Solo falta por acordar, dijo, el referido al «fin del conflicto», que «tiene que ver con la integración de los exguerrilleros en la vida civil, la vida legal colombiana, el desarme y el cese el fuego bilateral y definitivo». «Lo he dicho muchas veces, estamos listos a firmar y decretar ese cese el fuego ya, pero necesitamos tener todo lo que es necesario para que ese cese el fuego sea verificable y efectivo», subrayó.

El 28 octubre Santos afirmó que el Gobierno y las FARC pueden llegar a un acuerdo para iniciar un alto el fuego bilateral y definitivo antes del 1 de enero de 2016, a lo cual las FARC sugirieron que esa medida se inicie antes de la Navidad.

Indicó también que las dos partes que negocian en La Habana están tratando ahora cuestiones como la verificación del cese el fuego, los puntos donde se va a concentrar la guerrilla o cómo garantizar la seguridad de los miembros de las FARC. Y dijo que cuando se den las condiciones tiene la determinación de «decretar el cese el fuego bilateral y definitivo».

«Injusticia»

Durante un discurso en el que invitó a los colombianos a imaginarse un país «en paz», Santos aseguró que «no se volverá a cometer la injusticia de ver a los guerrilleros libres y a los militares presos», y advirtió de que los miembros de las fuerzas de seguridad no pueden ser equiparados a las FARC y, por lo tanto, podrán solicitar la revisión de sus sentencias.

Dejó claro que si la guerrilla puede obtener beneficios en materia de justicia en base a los acuerdos de La Habana también lo obtendrán los militares y policías que hayan cometido algún delito en el marco del conflicto.

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, destacó sobre el acuerdo de víctimas que supone un hito contemplar la participación efectiva de esa guerrilla en la «reparación material concreta» y su compromiso «claro» con la contribución a su reparación de sus víctimas, que deberá ser definida más adelante. El Gobierno, que cree que las FARC han acumulado una fortuna producto de actividades «ilícitas», confía en que la guerrilla entregue bienes para cumplir con su obligación, señaló su jefe negociador, Humberto de la Calle.