Sare presentará en las principales instituciones europeas un informe sobre la situación de los presos políticos vascos en el que un grupo de juristas denuncia que la política judicial española niega de manera permanente sus derechos «sin base jurídica», subrayando que dicha negación se realiza «con fines políticos». La red ciudadana ha presentado en Gasteiz el estudio.

El portavoz de Sare y exconsejero de Justicia, Joseba Azkarraga, ha explicado que se está elaborando en colaboración con la UPV/EHU a través de su centro de estudios jurídicos Ikasmirak. Además. también participan juristas de diversos ámbitos como el magistrado emérito del Tribunal Supremo español José Antonio Martín Pallín.

También colaboran el profesor de Derecho Penal Rafa Sainz de Rozas, el exconsejero de Justicia Juan Porres, el catedrático de Derecho Iñaki Lasagabaster, y los abogados Joaquín Oquiñena y Juan Mari Vidarte, entre otros. En total, más de 25 abogados.

El estudio estará terminado en el primer trimestre de 2016 y será entonces cuando Sare lo presentará en el Consejo de Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y en el Parlamento Europeo a través de los grupos parlamentarios. «No pedimos nada que no recoja la ley, la dispersión es una clara vulneración de los derechos humanos», ha subrayado.

Azkarraga ha denunciado que la justicia española «es una correa de transmisión de la política» y la actitud de los tribunales con el colectivo de los presos es «prevaricadora» porque dicta sentencias «sistemáticas» contra ellos. «La política gubernamental y judicial con los presos vascos no persigue la pacificación ni el principio de legalidad».

El exconsejero de Justicia ha denunciado que obliga a cada familia con un preso en la cárcel a recorrer 63.000 kilómetros anuales, lo que equivale a dar una vuelta y media al mundo, para poder verle durante 40 minutos. Esto, además, tiene un coste de unos 20.000 euros al año para cada familia, ha indicado.