Dignidad y Justicia, el lobby presidido por Daniel Portero (hijo del fiscal general andaluz, Luis Portero, muerto en atentado de ETA en 2000), lleva tiempo maniobrando para que las sentencias de inhabilitación impuestas por la Audiencia Nacional española en diversos macrojuicios políticos puedan ser efectivas a pesar de que no hay margen legal para ello. En una carta dirigida en setiembre a Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal del tribunal de excepción, Portero reconocía que tanto el fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como el del Tribunal Supremo admitieron que no podía perseguirse a Iker Casanova, que ejerce como parlamentario desde 2014 ya que su veto no puede ser aplicado. Sin embargo, solicitaba buscar subterfugios para subsanar su error. Es decir, pedía al tribunal que prevaricase para impedir que militantes independentistas pudiesen sumarse a listas electorales.

En el email con el que Portero hizo llegar el escrito a los medios, el presidente de DyJ se felicita de haber evitado que Arnaldo Otegi pueda ejercer como cargo público, contradiciendo el contenido de su propio documento, en el que asume que la jurisprudencia española deja claro que si no es especifican los cargos la inhabilitación no sirve.

Sin margen legal

En una lista anexa, el lobby vinculado a esta víctima de ETA incluye los nombres de medio centenar de militantes independentistas condenados en procesos políticos como el 18/98, el «caso Bateragune», el sumario contra Gestoras Pro Amnistia y Askatasuna y el denominado de las «herriko tabernas». Sin embargo, que en el texto remitido a Marlaska cite expresamente a Otegi y Rafa Díez evidencia que su preocupación más urgente era evitar que el secretario general de Sortu pudiese aspirar a ser lehendakari. «La inacción por parte de esta instancia judicial haría posible la participación de los mismos en las próximas elecciones autonómicas y de poder de acceder a un cargo público», argumenta. El problema de Portero es que no existe fórmula legal que permita modificar sentencias que, en algunos casos, son firmes desde hace siete años, como ocurre con la del 18/98. Lo admite el propio presidente de Dignidad y Justicia cuando insta a la Audiencia a «encontrar una vía para poder ejecutar dicha pena de inhabilitación especial». En definitiva, se trata de maniobras de un lobby que nació para presionar en los juicios políticos y que ahora está pidiendo a un tribunal que se salte su propia ley.