La propuesta del Gobierno liberal que en minoría dirige del primer ministro Lars Løkke Rasmussen ha contado, como se esperaba, con el apoyo de sus tres aliados del bloque de centroderecha y del Partido Socialdemócrata, primera fuerza opositora, que suman en total casi tres cuartos de la Cámara.

La reforma de la ley de extranjería, que incluye una treintena de medidas, ha estado rodeada de controversia desde su presentación en noviembre, lo que ha obligado al Gobierno a cambiar hasta dos veces la normativa sobre confiscaciones, una práctica que ya emplean Suiza y varios estados federados alemanes como Baviera y Baden-Württenber.

La propuesta final de esa normativa, bautizada como «la ley de las joyas», excluye objetos «de valor afectivo especial» y triplica hasta 10.000 coronas danesas (1.340 euros) el valor mínimo de otras pertenencias y de dinero en efectivo que pueden ser confiscadas.

«El Gobierno no quiere quitarle sus joyas a los solicitantes de asilo», ha dicho el portavoz liberal Jacob Ellemann-Jensen, que ha acusado a diputados de las formaciones de izquierda críticos con la ley, de perjudicar la reputación de Dinamarca en el exterior.

Tanto Ellemann-Jensen como el portavoz socialdemócrata, Dan Jørgensen, han defendido la «necesidad» de la nueva legislación, que reduce también las prestaciones a los peticionarios, con el fin, dicen, de asegurar su integración y no poner en riesgo el sistema de bienestar danés.

El ultranacionalista Partido Popular Danés, primera fuerza del centroderecha, ha considerado que la aprobada ley es un «paso en la dirección correcta», y ha pedido endurecer aún más las leyes y el control fronterizo.

Johanne Schmidt Nielsen, líder de la «rojiverde» Lista Unitaria –cuarta fuerza parlamentaria– ha acusado al Gobierno de hacer «política simbólica» para «atemorizar» a los solicitantes de asilo y aislarlos en la pobreza.

Por su parte, y Ulla Sandbæk, de la centrista La Alternativa, ha criticado que se los «estigmatice» y convierta en «sospechosos».

Los grupos contrarios a la nueva ley han reiterado su preocupación porque Dinamarca pueda violar las convenciones europeas de derechos humanos al endurecer el acceso a la reagrupación familiar hasta tres años, un peligro del que también han alertado asociaciones de abogados y varias organizaciones como Amnistía Internacional.

«Nunca habríamos presentado un proyecto de ley si creyéramos que viola las convenciones», ha dicho al término de un debate de tres horas y media en el Parlamento la ministra de Integración, Inger Støjberg, aunque también ha admitido que se encuentra «en el límite».

Dinamarca, que implantó a comienzos de año controles fronterizos provisionales, recibió en 2015 a 21.000 solicitantes de asilo, un tercio más que en 2014 y un cifra inferior a la del resto de países escandinavos, sobre todo Suecia, que con 163.000 peticionarios presenta la más alta de la Unión Europea (UE) per cápita.