La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado que Cristina de Borbón continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos.

El tribunal ha rechazado de este modo aplicar la doctrina Botín sobre la hermana del rey Felipe. Dicha doctrina limita la acción de las acusaciones particulares cuando ni la Fiscalía ni los directamente afectados se muestran partidarios de seguir con la causa. 

Pero el tribunal ha desestimado la pretensión de la defensa, que había solicitado que anulara parcialmente el auto de apertura de juicio oral y archivara el caso en lo que se refiere a la responsabilidad penal de la infanta porque solo existía la acusación de Manos Limpias, una tesis que también apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de Hacienda.

Según el abogado de Cristina de Borbón, Jesús Silva, la acción popular protege bienes que poseen intereses difusos y se ejerce cuando no hay acusación particular ni posibilidad de que se persone, algo que no ocurre en el caso Nóos, donde la Abogacía del Estado protege a Hacienda como perjudicado.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, para quien no hay argumentos inculpatorios contra la infanta, también pidió al tribunal la aplicación de la doctrina Botín por falta de legitimidad de Manos Limpias para acusarla en solitario.

Para la abogada del Estado, Dolores Ripoll, tampoco cabe la acusación popular en delitos fiscales, porque el perjudicado es sólo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos, puesto que el lema ‘Hacienda somos todos’ es meramente publicitario.

Una vez resueltas las cuestiones previas, el juicio del caso Nóos continuará el 9 de febrero, cuando se retomará la vista oral con la declaración de los acusados, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis ‘Pepote’ Ballester.

Las declaraciones de los testigos, alrededor de 370, están previstas entre el 8 de marzo y el 17 de mayo, según el cronograma inicial planteado por el tribunal.

La Casa del Rey se ha limitado a reseñar en una nota su «absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial», mientras que el monarca no ha querido hacer declaraciones al respecto.