No obstante, el CSN ha precisado que no remitirá su informe definitivo al Ministerio español de Industria hasta el segundo semestre de este año.

Ese documento tendrá carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos del Gobierno de Madrid.

La decisión se ha adoptado por mayoría de los consejeros del pleno, salvo el de la consejera y exministra de Medio Ambiente con el PSOE Cristina Narbona, que ha votado en contra de todos los puntos a excepción de uno relacionado con el almacenamiento de los residuos nucleares de Garoña.

«Golpe democrático»

Representantes de varios grupos del Congreso han lamentado la decisión del CSN, desoyendo su petición de no tratar este asunto hasta la conformación del nuevo Gobierno español.

«Le pedíamos que no hiciera ningún movimiento mientras la nueva mayoría parlamentaria pueda decidir sobre eso. Es un golpe democrático importante», ha indicado a secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Pilar Lucio. «Tenemos que ver de qué manera revocar esta decisión teniendo en cuenta que el CSN es un órgano independiente pero cuyas decisiones las tiene que sufrir el Gobierno», ha añadido.

El diputado de Podemos por Araba, Juantxo López de Uralde, ha advertido de que el CSN «abre la puerta a una posible reclamación por parte de Nuclenor (propietaria de la planta) por lucro cesante que podría conllevar, de ser aceptada, una indemnización a cargo de las arcas públicas, como ya ocurrió con el caso del Castor».

«Esta decisión ratifica que el CSN está al servicio de las presiones de las eléctricas y del gobierno en funciones. Hoy el Consejo del CSN se ha burlado de la democracia y de la ciudadanía para favorecer los intereses del oligopolio eléctrico», ha criticado López de Uralde.
 
La plataforma Araba Sin Garoña ha emitido una nota en la que estima que «el CSN ha dado un paso más en su propio desprestigio» y ha pedido la derogación del «Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos», que «con carácter retroactivo el gobierno del PP permitió que Garoña pudiese solicitar su reapertura».