En una rueda de prensa, EH Bildu ha insistido en la necesidad de llevar a cabo la auditoría de las cuentas de Alonsotegi, que los jeltzales rechazan, ante la detección de nuevas irregularidades en contratos por más de 2 millones euros.

Según han explicado, se trata de irregularidades que se produjeron entre 2008 y 2010 con la gestión del dinero otorgado para hacer frente a los daños provocados en diversos municipios el 31 de mayo de 2008.

En el caso de Alonsotegi, donde la subvención foral ascendió a más de 1.700.000 euros. Los trabajos se adjudicaron a las empresas Laneder SL, Pabisa SA y Asaser SA. EH Bildu ha explicado que, en base al expediente al que ha tenido acceso, «hasta en nueve casos» los informes de certificación de esas obras recibieron el informe de reparo de la secretaria-interventora y la economista, «a pesar de lo cual el alcalde, Aitor Santisteban, lo obvió y aprobó el total».

La Diputación, por su parte, «tampoco puso objeción alguna».

Los informes de la secretaria-interventora, añaden, «dejan claro que no existió ‘un acto administrativo previo y necesario para aprobar cualquier gasto’», es decir, «que no se licitaron en un concurso abierto y con publicidad, otorgándose a empresas afines».

Además, en su denuncia pública, la coalición abertzale ha incidido en que la secretaria subrayó que «no consta en el registro municipal la presentación de los proyectos de obra correspondientes a los trabajos ejecutados ni informes de análisis de ofertas, al no haberse tramitado los procedimientos correspondientes».

Por último, apuntan que la empresa del arquitecto Alberto Zulueta, Arkideak SL, facturó en concepto de honorarios 132.042,58 euros, «lo que lleva a la Intervención del Ayuntamiento a cuestionar que no se llevara a cabo un procedimiento abierto para la presentación de ofertas por las empresas interesadas, promoviendo la concurrencia».

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ya emitió recientemente un duro informe sobre Alonsotegi Eraikiz, en el que constata que la sociedad no ha cumplido en el ejercicio 2010 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera y destaca la falta de control económico de la sociedad por parte del Auyuntamiento desde 2006.