En un exhorto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada interesa que su petición sea cursada a la Audiencia Nacional española a fin de que las declaraciones indagatorias puedan celebrarse entre el 4 y el 22 del próximo mes de abril.

En concreto, la titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires se dirige contra Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), Utrera Molina, ministro franquista y es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976).

Servini también quiere interrogar al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico Abelardo García Belaguer.

Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.

La magistrada invoca el artículo 40 del tratado de extradición y asistencia judicial firmado entre el Estado español y Argentina a fin de arbitrar los medios necesarios para tomar declaración a los investigados e instar en las comparecencias a que aclaren respuestas «confusas o incompletas», así como repreguntar aquellas cuestiones que «no hayan sido debidamente contestadas».

En concreto, Servini acusa a Utrera Molina de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974.

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, en la que murieron cinco trabajadores y hubo más de cien heridos.

Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa tambier de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de setiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en los que fueron ejecutados Jon Paredes ‘Txiki’, Angel Otaegi, José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz.

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Gasteiz.

Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustraccion de menores.