El siguiente paso es que la ley sea ratificada por el Senado, algo que la gran mayoría de analistas dan por hecho. Esta nueva ley deroga dos leyes de la etapa anterior: la llamada ley Cerrojo que impedía ofrecer mejores condiciones a los acreedores que se quedaron fuera de la reestructuración de la deuda; y la conocida como de Ley de Pago Soberano aprobada en 2014 que fijaba nuevas sedes para el abono de las deudas fuera de Nueva York con el fin de evitar que el juez Thomas Griesa pudiera bloquear los fondos de Argentina.

La ley asimismo autoriza al Ejecutivo a emitir deuda por valor de 12.500 millones de dólares para hacer frente a una deuda pendiente de abono a los fondos buitre NML Capital de Paul Singer y Aurelius de Mark Brodsky de menos de 5.000 millones de dólares. La sentencia obliga a devolver el 100% del capital y pagar además los intereses que se han generado hasta la actualidad.

El acuerdo de reestructuración de la deuda al que se llegó durante la presidencia de Néstor Kircher consiguió reducir las obligaciones pendientes a una tercera parte. En aquel momento se cambiaron 90.000 millones de dólares de deuda fallida –aproximadamente el 93% del total– por 35.000 millones de deuda nueva. Los acreedores que aceptaron el canje recibieron bonos a largo plazo con quitas sustanciales.

La diferencia es evidente: si entonces la deuda se redujo en dos tercios, el cumplimiento de la sentencia, sin embargo, obliga a pagar más del doble de lo que se adeudaba. El ejemplo ilustra claramente la carga que supone para un país atender las exigencias de estos fondos que se dedican a la especulación con deuda de países en bancarrota.

La evidencia de la extorsión es tan clara que ha obligado al nuevo ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, a intervenir en el debate señalando que la realización de un pago en metálico ha permitido a Argentina ahorrarse un 20% del total a reembolsar a los acreedores.

 

Valoraciones negativas

El exministro de Economía Roberto Lavagna, artífice del acuerdo para reestructurar la deuda durante el mandato de Néstor Kirchner, consideró que el compromiso de pago era «malo y extremadamente caro».

Advirtió asimismo la posibilidad de que los litigios aumenten, tanto entre el 3,5% de acreedores que no aceptaron la propuesta, como entre los que la aceptaron y ahora se sienten perjudicados por el nuevo acuerdo.

De la misma opinión es el ministro de Economía con Cristina Fernández, Alex Kicillof, que aseguró en el Congreso: «Estamos violando el orden público, pagando de forma inequitativa flagrantemente.» Consideró que el Gobierno se ha precipitado con su intención de regresar cuanto antes al mercado internacional de capitales.

 

Reestructuración de deudas

La salida a una situación de quiebra suele ser la reestructuración de la deuda, es decir, la renegociación con los prestamistas de la cantidad –se suele acordar una quita o reducción de la cuantía a devolver–, los plazos y los intereses a pagar. Esto permite a los acreedores recuperar parte de su inversión y a los deudores reducir el peso de la deuda para que la economía pueda oxigenarse y así obtener excedentes suficientes que le permitan devolver la deuda en el futuro.

Argentina llegó a un acuerdo en 2005 con la mayoría de prestamistas. Un reducido grupo de acreedores lo rechazó, básicamente fondos buitre que habían comprado los bonos pagando aproximadamente el 20% del valor nominal. Su estrategia era recurrir a la vía judicial de modo que una sentencia les permitiera recibir el valor nominal de los bonos, no lo que realmente habían pagado. Curiosamente el derecho anglosajón prohibía comprar deudas con el único objeto de litigar. Desgraciadamente ese criterio ha caído en desuso en la actualidad.

Bajo la presidencia de Cristina Fernández, en 2009-2010, algunos acreedores más aceptaron el acuerdo y ahora son aquellos fondos a los que un juez de Nueva York dio la razón los que cobrarán el 100%, independientemente de cual fue su inversión inicial.

Como reconoció la Corte de París a Argentina en su litigio contra los fondos buitre, los deudores que han quebrado tienen derecho a plantear una reestructuración de su deuda. En una situación similar se encuentra Grecia, aunque en este caso ha sido la Unión Europea la que ha impedido cualquier intento de reestructurar su deuda.

 

Los matones del sistema financiero mundial

Los fondos buitres son fondos de inversiones de alto riesgo –también llamados Hedge Funds– que funcionan desde países con escasa regulación, como los paraísos fiscales. Aparecieron en México durante la crisis de 1982-84. Posteriormente han estado presentes en todas las crisis: América Latina en los 80, Asia en los 90, crisis de las puntocom a principio de siglo y, sobre todo, en la crisis de las hipotecas subprime a partir de 2007. Las políticas neoliberales propiciaron su desarrollo.

Su actividad es sencilla: compran deudas de empresas o estados en bancarrota, pagan un precio ínfimo a los acreedores para luego extorsionar a los deudores, sean estos gobiernos o particulares. Tratan de impedir cualquier tipo de acuerdo para reestructurar la deuda fallida, quedándose fuera (holdouts) de los acuerdos y así poder seguir exigiendo a los deudores el valor nominal de los activos que compraron a unos precios ridículos. En Euskal Herria estos fondos también han comprado algunos paquetes de créditos fallidos a los bancos.

Utilizan todo tipo de presiones –judiciales y extrajudiciales– hasta conseguir su objetivo: demandas, informaciones manipuladas en los medios, organización de grupos de presión (el lobby American Task Force Argentina se dedica a crear una opinión favorable entre los legisladores de EEUU), movimientos especulativos en los mercados de valores. Por su modo de acosar hasta derribar al que se encuentra en situación precaria se les llama buitres, aunque tal vez matón refleje mejor el papel que desempeñan.&hTab; I.E.

 

Cronología

Diciembre 2001

Crisis política. Dimite de la Rúa. Nombran a Rodriguez Saá. Moratoria en el pago.

Enero 2002

Dimisión de Saá. Nombran a Duhalde. Primera propuesta de renegociación.

Marzo 2002

Conversión por decreto de la deuda y los depósitos en pesos. Sin acuerdo de canje.

Mayo 2003

Néstor Kirchner es nombrado presidente de la república.

Junio 2004

“Propuesta de Buenos Aires.” Se reestructuran 62.500 millones de dólares.

Febrero 2005

Congreso sanciona la ley Cerrojo que impedía hacer mejorar la oferta acordada.

Enero 2006

Argentina reestructura su deuda con el FMI y con el Estado español.

Enero 2009

Juez NY Griesa embarga cuentas de Argentina para pagar a los fondos buitres.

Octubre 2009

Cristina Fernández, tras negociar con bancos, reabre el canje sin cambios.

Junio 2013

Escrito del Gobierno de EEUU contra la interpretación del juez Griesa.

Agosto 2014

Soros perjudicado gana un pleito en GB. Antes Argentina ganó otro en París.

Febrero 2016

Acuerdo de Macri con los fondos buitre para desbloquear el acceso al mercado.

 

El neoliberalismo del presidente reagan propició su aparición

Durante el mandato de Reagan hubo dos cambios fundamentales para el desarrollo de los fondos buitre. Tradicionalmente los estados negociaban las operaciones de deuda externa con un grupo de bancos sindicados que otorgaban conjuntamente préstamos a largo plazo a los gobiernos. Había un interés estratégico común entre los bancos y los gobiernos; el pago de intereses y la devolución del préstamo aseguraba la obtención de beneficios a los primeros y el mantenimiento de una vía de financiación externa a los segundos. Litigar contra un estado para cobrar una deuda era contrario a esa visión estratégica.

El año 1989 el secretario del Tesoro Nicholas Brady diseñó un plan que tomó su nombre para resolver la crisis de deuda soberana que provocó la subida de intereses en EEUU. La idea consistía en canjear los préstamos fallidos por bonos soberanos que podrían cotizar libremente en los mercados de valores. De esta manera, el plan rompió el vínculo de interés mutuo que unía a prestamistas y prestatarios.

El segundo cambio está relacionado con el FMI, del que la administración Reagan pensaba retirarse, pero comprendió que podía servir mejor a sus intereses unir el poder del departamento del Tesoro y el FMI, refinanciando la deuda de países en dificultades a cambio de exigirles la aplicación de reformas neoliberales. Este cambio refleja una diferencia crucial entre la práctica liberal, cuando los prestamistas asumían la posibilidad de pérdidas a consecuencia de inversiones malas, arriesgadas o poco fiables, y la práctica neoliberal, que obliga a los prestatarios a asumir el coste del reembolso de una deuda.

El “Plan Brady” abrió las puertas a que los fondos buitres pudieran comprar bonos soberanos y negociar con ellos, y el FMI estableció un nuevo marco de responsabilidades que les permitía además presionar a los estados.&hTab; I.E.