El Estado francés está procediendo en estos momentos a la enésima reforma del Código Penal, como prácticamente todas las anteriores, inducida por la atmósfera securitarista generada por los atentados de noviembre pasado.

Muchas de las nuevas medidas conciernen a las comunicaciones que se realizan a través de las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, redes sociales, consultas de páginas web ligadas con el «terrorismo», etc.), con los medios otorgados a jueces y policías para interceptarlas y controlarlas. Además, se endurecen, una vez más, las condiciones para el acceso a la la libertad condicional en caso de delitos de «terrorismo y gran criminalidad».

El Senado, con mayoría de la derecha, ha ido más lejos aún que la propia Asamblea Nacional en el endurecimiento del Código Penal. Ahora una comisión paritaria compuesta de diputados y senadores deberá redactar el texto definitivo.

Una de las medidas que ha pasado todos los filtros es la de la vuelta a los cacheos integrales en las prisiones, que fueron reguladas muy estrictamente en 2009, después de que el Estado francés fuese condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el uso abusivo y sistemático que la institución penitenciaria hacía de ellos.

De la mano del ministro

Además de la regresión que supone, lo más llamativo es que la enmienda que permite el retorno a una práctica tan vituperada por los estamentos de defensa de derechos humanos internacionales y estatales, incluidos el Controlador general de las prisiones, o por el Defensor de los derechos, viene de la mano del propio ministro de Justicia, Jean-Jacques Urvoas.

Para el Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), Urvoas «ha vuelto a renegar» de sus aseveraciones de la época en la que era diputado (hasta hace unos meses cuando sustituyó a Christiane Taubira) ya que él mismo, cuando se debatió la reforma penitenciaria en 2009, calificaba los cacheos con desnudo integral como una medida que atenta contra la dignidad humana y, además «ineficaz porque si lo fuera no habría el tráfico que hay en los establecimientos penitenciarios», decía.

OIP estima que él y el gobierno de Valls han cedido a las presiones de los sindicatos de funcionarios de prisiones «aunque no todos lo consideran oportuno, como el Sindicato Nacional de los Directores de Prisiones», por las tensiones que genera. Augura «nuevas condenas a Francia por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos» toda vez que cree más que probable que se vuelva a utilizar de forma sistemática, lo que ya sucedió anteriormente, incluso después de la condena europea.