Hasta 500 millones de euros ha puesto sobre la mesa el jefe del Gobierno galo tras recibir a las principales organizaciones estudiantiles, en forma de ayudas a los que buscan el primer trabajo, becas y fomento de los contratos indefinidos.

Un paquete de medidas que ha sido bien recibido por los representantes de los estudiantes pero que no les ha convencido de levantar sus protestas contra la política del Ejecutivo y, en particular, contra la reforma laboral que comenzará a debatirse en la Asamblea Nacional a principios de mayo.

Unos días antes, el 28 de abril, los estudiantes se manifestarán de nuevo codo con codo con los sindicatos para pedir la retirada de esa reforma, según ha asegurado el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Franceses, William Martinet, al término del encuentro con Valls.

Será la séptima jornada de protestas en dos meses contra la reforma laboral, a la que reprochan acabar con la igualdad de negociación entre trabajadores y patronos al otorgar primacía a los acuerdos en las empresas por encima del convenio colectivo.

Los estudiantes también siguen apoyando la llamada «Nuit debout», el movimiento que esta noche cumple su duodécima velada de acampada en la parisiense plaza de la República, desde donde se ha extendido a unas 200 ciudades.

De todas las medidas anunciadas, Martinet ha destacado la que persigue «combatir la precariedad» de los contratos juveniles.

Valls ha afirmado que el Gobierno enmendará la reforma laboral para obligar a los agentes sociales a que eleven las cotizaciones que deberán pagar los empresarios que firmen contratos temporales.

Son el 87% de los primeros contratos que firman los jóvenes y según los sindicatos estudiantiles suponen la principal fuente de precarización de sus puestos.

El primer ministro ha accedido también a prolongar durante cuatro meses las becas de todos los estudiantes que hayan acabado sus estudios y estén a la búsqueda de empleo.

Esta medida está destinada a aquellos menores de 25 años que tengan una baja cualificación y supondrá unos 130 millones de euros al año.

A los universitarios con menos recursos, además de mantener la gratuidad de las tasas, el Gobierno les pagará una ayuda de 1.000 euros, una medida evaluada en 25 millones al año.

Valls también ha desvelado otras medidas para facilitar el acceso de los jóvenes al alquiler, mejorar las condiciones de los estudiantes en prácticas o promover el acceso a los estudios universitarios de los que procedan de la formación profesional.