En la resolución, el magistrado explica que aprecia indicios de que Goioaga formaba parte del grupo de abogados que contribuía a mantener a los presos bajo la disciplina y la estructura de dicha organización. La Fiscalía hizo públicas el pasado martes sus peticiones de cárcel para estos letrados.

El juez acuerda en su auto dejarle en libertad provisional pero con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de guardia que corresponda a su domicilio y le requiere el pasaporte.

Además, le impone una fianza de 6.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle y le cita para el próximo 28 de abril para recibirle declaración indagatoria.

Según la resolución, Goioaga, «al igual que los demás integrantes del grupo, desarrollaba una participación activa mediante las visitas en los centros penitenciarios a los presos que permanecían en la órbita de ETA».

Añade que «conocía las consignas de la organización terrorista a los presos y las inquietudes o posiciones de estos y contribuía a mantenerlos en el marco ideológico bajo la disciplina y en la estructura de ETA, como resulta del contenido de documentos y de su participación conjunta en las visitas a los internos en los distintos centros penitenciarios».

El instructor considera que hay acreditados indicios de que, en el marco del llamado «Frente de Cárceles», se ha desarrollado «una estructura de carácter permanente dirigida a prestar de forma continuada a los presos relacionados con la banda distintas clases de asistencia, tales como jurídica, médica o sanitaria, social y económica».

Ello «siempre bajo las directrices de ETA, que se transmiten a través de distintos órganos, tales como los llamados KT o Grupo de Coordinación y KG o Espacio o Núcleo de Coordinación». Explica que estas actividades «se financian desde la organización Herrira, bajo el control de ETA, abonando los gastos y las retribuciones derivadas de esa asistencia».

El Supremo abrió la causa contra Goioaga el pasado setiembre, y este ya ha mostrado en más de una ocasión su disposición a que «se investigue todo lo que se tenga que investigar», e incluso pidió al Senado que concediese el suplicatorio si el TS así lo solicitaba. Goioaga ha recordado que todas las acusaciones son «absolutamente falsas» y que ya fue juzgado y absuelto en 2012.

EH Bildu denuncia una «persecución política descarada»

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha calificado de «persecución política vergonzosa y descarada» este procesamiento.

Arzuaga ha denunciado que se trata de «una mera acusación ideológica y política por lo que representa Goioaga» y también por la «responsabilidad institucional, política y jurídica que desarrolla».

Ha remarcado que las acusaciones en su contra «no tienen ni pies ni cabeza y no se pueden considerar de ninguna manera hechos delictivos», como la asistencia jurídica, médica, social y económica que prestaba a los presos que representaba.