El proyecto de ley que aprobó el martes el Consejo de Gobierno parte del decreto que impulsó el anterior Gobierno de Patxi López, pero con una nueva formulación para darle más fuerza jurídica frente al rechazo estatal. Sin embargo, esto a su vez provoca un problema de plazos. El proyecto llega muy tarde al Parlamento, en vísperas del cierre de legislatura, y la tramitación tiene sus reglas y sus tiempos. Jonan Fernández ha dicho confiar en que el debate y votación sean rápidos porque el asunto ya se ha abordado con reiteración y los grupos «tienen los borradores desde diciembre».

La previsión, siempre que la ley salga adelante, es que puedan acogerse a ella entre 315 y 440 víctimas de abusos policiales o «incontrolados» entre 1978 y 1999. Como ocurre con la Ley de Víctimas del Terrorismo estatal, no es imprescindible una resolución judicial que reconozca los hechos, en su gran mayoría obviamente impunes, sino que se pueden acreditar «por cualquier medio de prueba admisible en derecho».

Una comisión de valoración formada por tres expertos designados por Lakua, tres nombrados por el Parlamento de Gasteiz y tres forenses (aspecto novedoso respecto al decreto de 2012) se encargaría de la valoración de los casos. Lakua prevé que las indemnizaciones y otros gastos consiguientes, como la atención sanitaria integral a estas víctimas, ascendería a 12 millones de euros en cuatro años.

Fernández ha puesto como ejemplo conocido de los casos que podrían incluirse los de Joxean Lasa y Joxi Zabala, víctimas del GAL (en este caso hay sentencia condenatoria); Mikel Zabalza, fallecido tras estar detenido en Intxaurrondo; Yolanda González, muerta a manos de ultraderechistas; y Gladys del Estal, ecologista abatida por la Guardia Civil en Tutera. Defiende que con este proyecto de ley «empezamos a cerrar un círculo ético», aunque todo dependerá de si llega a aprobarse antes de la disolución del Parlamento.