En el escrito que el fiscal ha remitido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Gasteiz, citado por Efe, se solicita al juez que declare culpable de la quiebra de la compañía y se tomen medidas contra las 19 sociedades que participaron en el proyecto.

En concreto, pide que los cuatro administradores de Afypaida Jesús Echave, Iñigo Antia –ambos vinculados al PNV–, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio sean condenados a diez años de inhabilitación.

El fiscal critica su «falta de rigor en el modelo de negocio» y su «descuidada actuación» al frente de una sociedad que tenía como «único fin» el «enriquecimiento de los administradores», lo que acarreó la «evaporación de fondos públicos» recibidos.

El Ministerio Público solicita, además, la devolución de las ayudas públicas de forma solidaria entre todos los que se beneficiaron del proyecto, es decir, los cuatro administradores de Afypaida y quince empresas «cómplices» de la quiebra.

Las sociedades señaladas por el fiscal son Circuito Norte, Launorte, Universal Araba, Sociedad Alavesa de Inversiones, Constructora Lanbide, Basque Robot Wheels, Sapa Placencia, Sapa Operaciones, Maser, Denokinn, Innolavab, Vilau Media, Talleres Arakistain, Isoird y Luis Miguel Macías.

En el caso de estas sociedades «cómplices» el fiscal pide que se «module» el importe que cada una debe devolver en función de su «respectiva participación e implicación» en la «insolvencia» del proyecto.

En total se reclama la devolución de 15,7 millones de euros, que es la cuantificación de las ayudas públicas realizadas por los administradores concursales. La mayor parte de ese dinero (14,7 millones) fue otorgado el entonces llamado Ministerio español de Ciencia e Innovación. De hecho, la Abogacía del Estado también está personado en este proceso.

Las ayudas restantes, calculadas en 974.500 euros según la administración concursal, fueron concedidas por el Gobierno de Lakua, que no está personado porque, según ha explicado en anteriores ocasiones, no ha detectado irregularidades en las ayudas concedidas dado que los objetivos de innovación y creación de patentes que se perseguían con ellas se cumplieron y además las cuentas fueron auditadas.

Los administradores concursales nombrados por el Juzgado de lo Mercantil también entienden que la quiebra de la empresa fue fraudulenta y piden dos años de inhabilitación y una multa de 700.000 euros para cada uno de los promotores, según publica ‘El Correo’.

Este proceso por la vía mercantil se suma a la vía penal, en la que los cuatro administradores de Afypaida están acusados por la Fiscalía de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

El fiscal también les acusaba de fraude a la Administración, pero el juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz sobreseyó las actuaciones sobre este delito por entender que resultaba «insostenible» que de los hechos relatados pudiera inferirse un delito de fraude en la Administración.

Según la Fiscalía la vía penal, estas cuatro personas, junto a otros dos empresarios (Francisco Javier Calera y José Barreira), idearon un plan para apropiarse de fondos públicos con «el pretexto» de diseñar un coche eléctrico bajo la marca Hiriko, que finalmente nunca se comercializó.