Garmendia, quien ha visitado diversas actuaciones urbanísticas ejecutadas en Pasaia (Gipuzkoa), ha enviado un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía ya que todos los servicios de transporte por carretera funcionarán con absoluta normalidad.

La diputada se ha referido a la decisión de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) de incoar un procedimiento sancionador contra la Diputación de Gipuzkoa, 25 empresas de autobuses y la asociación empresarial Avitrans, al considerar que presuntamente actuaron como un cártel para «repartirse el mercado» y «acordar los precios» del transporte de viajeros por carretera.

Marisol Garmendia ha dicho que el actual ejecutivo de PNV-PSE lleva «escasamente un año gobernando» y que las adjudicaciones y concesiones de las líneas de autobús investigadas ahora «están referidas a los años 2015 y 2014 y décadas anteriores».

«Este es un problema que nosotros nos encontramos ahora, pero que no tenemos ni arte ni parte», ha recalcado Garmendia, al tiempo que ha expresado la «absoluta disposición» de la actual Diputación para aclarar «todos los términos» en los que sea requiera por la AVC.

«Llegamos en mayo del año pasado y nos encontramos con que todas las conceciones menos una del año 2011 están recurridas, las últimas, seis, que sacó a licitación el Gobierno foral anterior de Bildu están recurridas», ha afirmado.

Entre las compañías a las que se investiga de oficio se encuentra EuskoTren, dependiente del Gobierno de Lakua, cuyo Departamento de Educación tiene también la competencia del transporte escolar.

La AVC aprecia «indicios razonables» de la supuesta constitución de un cártel que se habría repartido el mercado del transporte de viajeros tanto interurbano como urbano, el de uso discrecional y también el escolar.

Garmendia ha recordado que el transporte interurbano corresponde a Lurraldebus y a la Diputación, mientras que el discrecional a compañías privadas y el escolar es competencia exclusiva del Departamento de Educación de Lakua.

Preguntada si las entidades investigadas podrían ser sancionadas con importantes multas como ocurrió en el caso de los comedores escolares, Garmendia ha dicho que «imagina que sí» pero que, en todo caso, esta es «una situación que también» se da en otros territorios.