En una comparecencia para presentar un informe titulado «Soberanía y justicia fiscal», la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha defendido la necesidad de una reforma fiscal para lograr un aumento de la recaudación en aras a financiar los servicios sociales, desde el incremento de los impuestos a las grandes empresas y las rentas más altas y la lucha contra el fraude y la evasión.

Etxaide ha lamentado que en la actualidad «la fiscalidad no se decida en las instituciones; se decide en los despachos de la patronal, como se ha demostrado» cuando el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha afirmado que está dispuesto «a hacer trajes a medida» en materia de fiscalidad a las empresas para que regresen a este territorio. «Además, sale el presidente de la CEOE, Joan Rosell, para demostrar que la patronal no tiene medida y que los derechos laborales son del siglo XIX».

Según Etxaide, esa reforma fiscal «se conseguirá cuando la determine la gente en la calle» y, por ello, ha llamado a participar en la movilización convocada por el sindicato para el 28 de mayo en Bilbo. «El mayor fraude político de esta crisis ha sido dar la vuelta a las políticas fiscales para que no se reparta la riqueza y de ahí la concentración de capitales que se está dando», ha reflexionado.

LAB subraya que «para alcanzar un grado de desarrollo en los servicios públicos y la protección social equiparable al de los países más avanzados de Europa, será preciso converger también en el esfuerzo fiscal».

Etxaide ha lamentado que «la reducción de la presión de las rentas del capital y de la riqueza ha sido compensada desplazando una parte de la carga fiscal hacia las rentas del trabajo» y, a esto se suma el aumento de los impuestos indirectos, de manera que «se ha configurado un sistema profundamente injusto».

Rentas de trabajo y de capital

Las rentas del trabajo aportan el 85,4% de la recaudación del IRPF, según el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, a pesar de que suponen menos del 49% del PIB, y el resto de la recaudación del IRPF (14,6%) tiene su origen en actividades económicas y profesionales, rendimientos de capital inmobiliario y mobiliario y ganancias patrimoniales.

LAB ha defendido poner mecanismos para perseguir el fraude y la evasión, porque «resulta lamentable y alarmante que se esté persiguiendo a autónomos y pequeños comercios, sabiendo que el fraude fiscal de verdad, el que nos daría capacidad para recaudar y cambiar las políticas, se está haciendo por parte de las grandes empresas y capitales».

La central remarca que más de dos tercios de los ingresos fiscales proceden de impuestos cuya regulación está sujeta a la potestad normativa de la Administración del Estado español y, por ello, ha reclamado «recuperar la soberanía fiscal plena, que difícilmente» llegará «sin haber conquistado antes la independencia política».