Convocados por el sindicato ELA, empleados de las diferentes administraciones locales y forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se concentraron ayer por la mañana ante la sede de Eudel, en Bilbo, en rechazo a la destrucción de un total de 3.400 puestos de trabajo en el conjunto de los ayuntamientos y diputaciones de la CAV .

En un comunicado hecho público tras la movilización, esta central denunció además que uno de cada tres trabajadores de ayuntamientos o diputaciones (más del 34%) están en situación de interinidad, y que existe una «administración paralela» con más de 40.000 trabajadores subcontratados.

Ante estos datos, los trabajadores exigieron a los responsables institucionales que se generen 3.500 empleos, recuperando los puestos de trabajo destruidos, y que se limite la interinidad a un 6%. Asimismo, reclamaron que se dignifiquen las condiciones de los trabajadores públicos subcontratados, cumpliendo con lo propuesto en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por ELA con el respaldo de 110.000 firmas.

La ILP llegó al Parlamento de Gasteiz en 2014 y proponía que en las subcontratas de la Administración pública se garantizara el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales, de modo que se mantuviera la subrogación y el cumplimiento de los convenios.

También planteaba que las administraciones tengan herramientas legales para poder rescindir los contratos de aquellas empresas que incumplan las condiciones pactadas o que con sus políticas laborales vayan en contra del empleo, las condiciones fijadas por la Seguridad Social o se salten la normativa en materia de Seguridad y Salud laboral.

Sin embargo, tal y como denunció ELA en febrero, durante la tramitación de la ILP los grupos parlamentarios, salvo EH Bildu, aprobaron un dictamen que «no respeta el espíritu de la iniciativa».

Voluntad política

En este contexto, los trabajadores movilizados ayer apelaron a la voluntad política para revertir la situación y se mostraron críticos por la falta de implicación de las instituciones: «Nuestros políticos y gobernantes en sus declaraciones públicas hablan del compromiso por los servicios públicos y el empleo. Ese compromiso desaparece cuando les toca gestionar en sus respectivas instituciones», remarcaron.

También alertaron en torno a la injerencia del Gobierno español en las políticas públicas y apuntaron que «la actitud de Madrid ha acrecentado esta situación ya que se ha estado advirtiendo e incluso amenazando con medidas de inhabilitación a representantes institucionales que hayan intentado poner en marcha políticas distintas, con un objetivo por encima de todo: hacer cumplir en Euskal Herria las medidas de recorte decididas en Madrid».

Frente a ello, valoraron que existen «ejemplos muy positivos» que demuestran que con organización se puede cambiar la situación, crear nuevos empleos, estabilizar el existente y dignificar las condiciones.

Denuncia ante la nula conciliación en Osakidetza

El Sindicato de Enfermería de Euskadi (SATSE) denunció ayer en un comunicado que el Hospital de Cruces deniega en verano las solicitudes de reducción de jornadas para cuidar a niños y familiares, lo que «vulnera el derecho a la conciliación» de la vida laboral y familiar. Apuntó que la denegación de la peticiones de reducción de jornada afecta tanto al personal fijo como al eventual, y se da sobre todo en servicios específicos como quirófanos o servicios especiales, aunque también en atención primaria. Según explicó el sindicato de enfermería, Osakidetza «no ha acreditado de forma fehaciente tener problemas de carácter organizativo y, a pesar de todo, obstaculizan el derecho a la reducción de jornada» en verano.

Por su parte, Osakidetza replicó a la crítica y señaló que a fecha del período estival ha autorizado 229 solicitudes de profesionales de enfermería que han pedido reducción de jornada por guarda legal.GARA