El Parlamento ha habilitado fechas en julio para poder aprobar la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado. Ayer superó un nuevo obstáculo, las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y UPyD. Ambas formaciones aducen que el trámite se está llevando con precipitación, que no se han respetado los usos de la Cámara al no admitirse una ampliación de plazo de enmiendas que hubiera provocado que la ley no fuera finalmente aprobada porque la legislatura está acabando. En este punto, cabe destacar que Gorka Maneiro presentó un escrito de ampliación del plazo de enmiendas cuanto todavía ni siquiera se había abierto. También aducen fallos de inconstitucionalidad y agravios con otras víctimas.

Pero el lehendakari, el PNV y EH Bildu desmintieron estas «razones» que tacharon más bien de «excusas». La ley ha llegado al Parlamento prácticamente un año después de que la Cámara pidiera su redacción. Julen Arzuaga explicó que si a EH Bildu le ha dado tiempo de estudiar el proyecto y presentar hasta 83 enmiendas, «que otro grupo no hay hecho lo propio tal vez sea indicador de la poca diligencia, tal vez de la pereza con la que enfrenta a este trabajo».

Y tanto Arzuaga como el jeltzale Iñigo Iturrate criticaron que para PP y UPyD la cuestión no es formal, sino que para estos grupos «nunca es el momento de reconocer y reparar a estas víctimas».

Defensa del lehendakari

La importancia que el Gobierno de Lakua da a esta ley quedó reflejada en el hecho de que fuera el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, quien la defendiera ante el pleno del Parlamento.

Reclamó la necesidad de dar «apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas sin amparo en la actual legislación». Señaló que «Mikel Zabalza, José Antonio Lasa, José Ignacio Zabala, Gladys del Estal o el matrimonio María Ángeles Barandiaran-Victoriano Aguiriano son nombres de víctimas que recordamos. Entre los años 1978 y 1999 se produjeron muchas más. La pregunta es, ¿estas víctimas existen o no existen? Sí, y por tanto, existen familias que han padecido un daño irreversible al sufrir la pérdida injusta y violenta de un familiar cercano. Una segunda pregunta, ¿estas víctimas están reconocidas? ¿Su sufrimiento injusto ha sido reparado de algún modo oficial o institucional?». Y la respuesta, claro está, fue que no están legal y oficialmente reconocidas.

El proyecto de ley nace ya con la amenaza de un recurso por parte del Gobierno español que aduce criterios de inconstitucionalidad. Sin embargo, el lehendakari se apoyó en varios tratados internacionales, en las competencias autonómicas y en las «obligaciones» que las instituciones tienen con las víctimas para defender la legalidad de esta iniciativa.

Urkullu aseguró que «lo primero es atender a las víctimas, para su reconocimiento y reparación no es preciso un proceso penal, sino un proceso administrativo, el Gobierno es plenamente competente en este proceso administrativo».

También los portavoces de EH Bildu y PNV incidieron en la «seguridad jurídica» que ofrece el proyecto. Por un lado, por la garantía y las obligaciones que ofrece los tratados internacionales, y por otro, porque se trata de procesos administrativos. Y tanto Arzuaga como Iturrate acusaron al PP de mentir, puesto que los propios expertos que acudieron a la comisión invitados por este partido remarcaron que el proyecto se ajustaba a la legalidad y que a lo sumo podrían hacerse pequeños ajustes terminológicos para conjurar cualquier peligro al respecto. Añadieron que el escrito del Gobierno español avisando de supuestas cuestiones de inconstitucionalidad es copia de otro de marzo, y aun cuando se han corregido aspectos de la ley, Madrid no parece haberse leído estas correcciones.

Imponer un relato

Julen Arzuaga, de EH Bildu, denunció que la posición del PP y las «amenazas» que ya ha realizado el Ministerio del Interior se deben a que este partido «no tiene ninguna voluntad de reconocer a las víctimas del Estado, para ellos estas víctimas no han existido ni van a existir. Quiere ocultar toda la verdad, no quiere introducir toda la justicia y tiene miedo a la verdad completa. El Estado quiere imponer su relato», concluyó.

Llamativamente, ni PP ni UPyD usaron su turno de palabra para contestar a todas estas crítiticas. Pasaron palabra, lo que puede dar una imagen de su interés por el tema.

Tras haber superado el debate de las enmiendas a la totalidad, ayer mismo se creó la ponencia que debatirá las enmiendas parciales presentas a esta ley. El Pleno final para su aprobación definitivas, si es que se produce, será el 28 de julio.

La aprobación final de la ley no está todavía nada clara

Pese a la contundencia con la que PNV, EH Bildu y PSE respondieron ayer a PP y UPyD rechazando sus enmiendas a la totalidad y la devolución del proyecto de ley al Gobierno, no está todavía nada claro que finalmente esta iniciativa pueda aprobarse en el Parlamento.

El PSE es el socio «natural» del PNV en este tipo de iniciativas. Los jeltzales siempre les han preferido a ellos antes que a EH Bildu para iniciativas relacionadas con la paz y la convivencia. Además, la ley continúa el decreto aprobado en 2012 por el Ejecutivo de Patxi López de la mano de la entonces consejera de Justicia, Idoia Mendia. Sin embargo, en esta ocasión el PSE no está muy receptivo. Su portavoz en la materia, Patxi Elola, estuvo ayer crítico con el Gobierno y avisó de que el voto final de su partido dependerá de que el PNV busque un «consenso amplio». El PSE acusa al Ejecutivo autonómico de actuar con precipitación en esta materia. De hecho, su representante en la Mesa votó a favor de ampliar el plazo de enmiendas, como pedían PP y UPyD, lo que hubiera hecho imposible la aprobación de la ley. El PSE quiere usar como arma electoral que Iñigo Urkullu ha conseguido aprobar menos leyes que Patxi López.

Por otra parte, dar por hecho que EH Bildu aprobará la ley con su actual redacción es también muy precipitado. Tras permitir que la norma siga su trámite, el parlamentario Julen Arzuaga advirtió de que «la ley que quiere EH Bildu para las víctimas del Estado está muy lejos de la que propone el Gabinete Urkullu», puesto que observan en ella «graves carencias» que «dificultan notablemente la posibilidad de que reciba» su apoyo. EH Bildu ha presentado 83 enmiendas, para equiparar en derechos a las víctimas de la violencia del Estado con otras víctimas reconocidas legalmente.I.I.

La Diputación de Araba retira el «ETA no»

La Diputación de Araba retiró el jueves los carteles de «ETA no-ETA ez» colocados en su fachada desde hace quince años, y anunció la creación en otoño de «un elemento simbólico permanente en recuerdo de las víctimas del terrorismo y de la violencia». Las Juntas Generales ya habían aprobado en 2012 una iniciativa de Ezker Batua para retirar todos los carteles del lugar.

Al hilo de esta decisión, EH Bildu pidió ayer a la Diputación que ese elemento de recuerdo sea para todas las víctimas, «sin exclusiones de ningún tipo, sin marginar ni categorizar a ninguna víctima y sin olvidar ninguna vulneración de derechos humanos».

El portavoz de la formación en Araba, Kike Fernández de Pinedo, valoró positivamente la retirada del cartel e invitó al alcalde Gorka Urtaran a que haga lo mismo en el Ayuntamiento.