El Parlamento de Gasteiz ha aprobado con los votos de PNV y PSE la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado, que abre la puerta a la reparación de las víctimas de abusos policiales cometidos en la CAV entre los años 1978 y 1999, en virtud del acuerdo pactado por esas dos formaciones.

EH Bildu se ha abstenido, mientras que PP y UPyD han votado en contra.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha defendido que esta es la mejor ley «posible» y que ha sido elaborada desde una perspectiva de «pragmatismo» para ofrecer «garantías» y evitar «falsas expectativas»

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha destacado que la «inmensa mayoría» de los miembros de las FSE han sido «respetuosos con el Estado de Derecho» y han desarrollado una labor «imprescindible» contra ETA. No obstante, ha defendido la necesidad de atender a las víctimas de las fuerzas policiales, que aún no han sido reconocidas.

Julen Arzuaga (EH Bildu) ha explicado que la ley no le gusta, ya que se queda «corta». Sin embargo, ha afirmado que su grupo ha optado por abstenerse y no impedir la aprobación del texto para evitar que estos damnificados sigan esperando a ser reconocidos y reparados.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha destacado que la ley le genera muchas «dudas jurídicas», y ha lamentado que la forma en la que ha sido tramitada ha impedido «trabajar en serio» el texto.

Desde UPyD, Gorka Maneiro ha coincidido en criticar la falta de «seguridad jurídica» del texto y ha acusado al PNV de cometer una «cacicada» al aprobar esta ley «a marchas forzadas».

Llamamiento de Fernández

Tras su aprobación, el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, Jonan Fernández, ha hecho un llamamiento al Gobierno español a colaborar en el desarrollo de la ley «porque tiene una parte de responsabilidad muy importante a la hora de reconocer y reparar a estas víctimas».

Sobre las indemnizaciones que recibirán las víctimas reconocidas por esta ley –la mitad que las que prevé la Ley de Víctimas del Terrorismo–, ha dicho que parten de una base inicial igual a la de la Ley de Víctimas del Terrorismo, cuyas ayudas se fueron incrementando con el tiempo.