El Tribunal Constitucional cumple con las previsiones. Suspende la resolución del Parlament sobre el Proceso Constituyente aprobada el pasado miércoles por la mayoría independentista formada por Junts Pel Si y la CUP y abre la vía a la aplicación de las medidas coercitivas que vienen reflejadas en el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esto podría implicar desde una multa hasta la suspensión de funcionarios como la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, pasando por informar al fiscal y abrir la posibilidad de iniciarse un proceso penal. No obstante, por el momento, lo que los magistrados hacen es advertir a los responsables políticos tanto del Parlament como del Govern. 

Tras menos de una hora y media de reunión, los once magistrados han admitido a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno español contra la declaración aprobada por el Parlament tras el debate de las conclusiones de la comisión que estudia el Proceso Constituyente en Catalunya. A partir de ahora, tanto Fiscalía como la Cámara catalana tienen 20 días para formular alegaciones. Esto implica la suspensión del texto aprobado por el Parlament el miércoles.

La suspensión se notificará «personalmente» a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al resto de miembros del órgano rector de la cámara catalana, así como a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, y su gabinete. El TC advierte a todos ellos que tienen «el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensón acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

El TC no se ha limitado a esta amenaza. También se ha dirigido a Forcadell y a sus compañeros de la Mesa del Parlament para que, en un plazo de 20 días, informen sobre el cumplimiento de la sentencia 259/2015 que impugnó la declaración de desconexión aprobada por el Parlament, así como el incidente de ejecución planteado el 19 de julio contra el debate sobre el proceso constituyente. Aquí viene la principal advertencia, ya que abre la puerta a la adopción de las medidas incluidas en el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que es donde se regulan las sanciones para los casos de desobediencia.

Entre los castigos previstos está una multa de entre 3.000 y 30.000 euros, que pueden reiterarse hasta obligar a los cargos públicos a acatar las decisiones de los jueces. También pueden acordar la suspensión de cargos públicos o funcionarios. De hecho, en los últimos días se había puesto a Forcadell en el punto de mira de estas medidas. El TC también puede solicitar apoyo del Gobierno español para que obligue al Parlment a cumplir su resolución. Por último, puede informar al fiscal para que, si lo considera oportuno, abra un proceso penal.