La juez madrileña Rosa María Freire ha procesado al PP y a tres de sus responsables (la tesorera, un informático y un abogado) por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la calle Génova. Explicó en su último auto que, con la intención evidente de borrar pruebas sobre prácticas corruptas, este «encubrimiento» se materializó «a conciencia, mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rayado hasta su destrucción física». Sin embargo, la contundencia del escrito no hace desistir al partido del Gobierno en funciones, que ayer presentó recurso contra esos procesamientos. Y a la vez, además, se movilizó la Fiscalía para tratar de salvar igualmente la cara al partido.

Carmen Luciáñez, dependiente jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado nombrada a su vez por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, usa una doble vía argumental: que el borrado fue una operación normal y que los discos estarían vacíos ya antes.

En primer lugar, la Fiscalía sostiene que el procedimiento no puede dirigirse contra el PP por el delito de «encubrimiento», porque el Código Penal no incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ese tipo delictivo.

También apunta a que no se puede acusar al PP del delito de «daños informáticos» cuando el responsable de informática del partido «se limitó a cumplir la ley aplicando la Ley de Protección de Datos al borrado seguro del ordenador».

Discrepa además la fiscal de la afirmación de la juez relativa a que no ha resultado acreditado que dichos ordenadores estuviesen vacíos tal y como alegaron los investigados, ya que entiende que en un procedimiento penal, basándose en el principio de presunción de inocencia, «es la acusación, y no la defensa» la que debe probar «cuál era el contenido de dichos ordenadores». A este respecto, apunta que Bárcenas «ha entrado en diferentes contradicciones que no permiten acreditarlo».

Alude a que en un primer momento dijo no recordar el contenido y un mes después afirmó haber un hecho «un esfuerzo de memoria» tras el que aportó «una pequeña lista» con pantallazos de correos electrónicos, agenda con reuniones con su predecesor en la Tesorería Álvaro Lapuerta y donantes del PP, escaneados de diversos pagos de la contabilidad B, presupuestos de campañas electorales y operaciones personales de venta de cuadros, entre otros datos.

«En definitiva, teniendo en cuenta las declaraciones del sr. Bárcenas, no podemos considerar acreditado, ni siquiera indiciariamente, el contenido de dichos ordenadores», afirma la fiscal.

Demasiada «buena memoria»

Lógicamente, el PP va más lejos que el Ministerio Público en su tono, aunque con argumentos muy similares. Pone énfasis en que en los ordenadores borrados paradójicamente «no existía información», y en cuanto a esa polémica operación asegura que fue fruto del Protocolo Informático de Borrado Seguro que emplea el partido muchas veces y «a personas de distinto rango dentro de la formación».

Sobre Bárcenas, no solo dice el PP que «miente», sino que añade que «nadie tiene tan buena memoria para ser un mentiroso de éxito». Pone el foco sobre presuntas contradicciones del extesorero. Y luego carga contra la juez instructora aludiendo a «graves errores» en su auto, como equivocar los nombres de pila de dos abogados que comparten apellido.

Escritos

«El partido se limitó a cumplir la Ley de Protección de Datos con el borrado seguro del ordenador»

«Teniendo en cuenta las declaraciones de Bárcenas, no podemos considerar acreditado, ni siquiera por indicios, el contenido de los ordenadores»

CARMEN LUCIÁÑEZ

Fiscal

«El protocolo de borrado seguro existe, se aplica y es conocido por los técnicos que deben utilizarlo en su día a día. Bárcenas no tenía por qué conocerlo»

DEFENSA DEL PP