Apurando los plazos al máximo por la relevancia del asunto y el intenso debate jurídico que conlleva, la defensa de Arnaldo Otegi presentó anoche en el Tribunal Constitucional el recurso contra su inhabilitación. Llega así a la última y decisiva instancia. Ahí se decidirá si la retirada del sufragio pasivo concluyó el 1 de marzo pasado cuando Otegi fue excarcelado –como estipula la doctrina existente hasta ahora–, o se da por bueno un papel de la Audiencia Nacional que estira esta inhabilitación hasta 2021 y le veta como candidato.

Salvo que se hagan otras interpretaciones (la rapidez con que despachó el asunto el Juzgado Contencioso-Administrativo de Donostia pone algo en duda el calendario establecido), la Fiscalía dispone de un día para presentar sus alegaciones al recurso, es decir, hasta esta noche. Luego el Constitucional tendrá tres días para dilucidar, por lo que podría llegar hasta el jueves noche, casi iniciada la campaña.

Se encargará del asunto la Sala Primera. Está formada –al contrario que la Segunda– por cinco jueces y no por los seis habituales, al estar vacante desde abril de 2015 la plaza del fallecido magistrado Luis Ortega.

Su composición está doblemente decantada hacia el PP. Por un lado, tres de esos cinco magistrados fueron nombrados por el partido gobernante en el Estado: Francisco Pérez de los Cobos, Andrés Ollero y Santiago Martínez-Vares. Y en paralelo, está presidida por el máximo mandatario del Constitucional, Pérez de los Cobos, designado tras haberse ocultado que había militado en el PP.

El hecho trascendió en 2013, de modo bastante casual: el nombre aparecía en uno de los listados de afiliación al partido aportados al sumario del «caso Bárcenas». Pérez de los Cobos figuraba ahí como uno de los militantes que pagaron cuota en 2011. Posteriormente el propio magistrado admitió que había sido miembro del PP desde 2008 hasta el citado año, cuando ya ejercía como magistrado del TC. Accedió a este tribunal en 2010 y pasó a presidirlo en junio de 2013, apenas un mes antes de que se conociera que había pertenecido al PP.

Pese a que la propia Constitución –que este tribunal se encarga teóricamente de salvaguardar– prohíbe la afiliación política de los jueces, Pérez de los Cobos ha seguido en el cargo al darse por bueno que aquella militancia es cosa del pasado.

El PP juega fuerte desde el inicio para atar en corto al Constitucional. Ayer mismo dos altas voces del partido como la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el candidato a lehendakari y líder en la CAV, Alberto Alonso, insistieron en que no hay debate, ni jurídico ni ético. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación, llegó a decir al inicio de este proceso que «sería una infamia que el Constitucional permitiese a Otegi presentarse».

Reparto de recursos alterno

Los otros dos miembros de la Sala Primera del Constitucional son Encarnación Roca y Juan Antonio Xiol, a quienes se etiqueta como «progresistas» dentro de la terminología al uso.

Al parecer, las dos salas en que se divide el TC se van turnando en el tratamiento de estos recursos electorales. Así, este habría recaído en la Primera porque el anterior abordado se dilucidó en la Segunda.

Opiniones sobre la inhabilitación y la trayectoria de Otegi

«Debió ser más contundente ante los atentados de ETA. La sociedad lo esperaba al salir de prisión. Hacen falta actitudes de rectitud moral»

PILI ZABALA

Candidata de Elkarrekin Podemos

«El debate sobre Otegi es exclusivamente jurídico. La clave está en la liquidación de condena y no se puede valorar sin ver los papeles»

MARGARITA ROBLES

Diputada del PSOE, exsecretaria de Estado

«No es normal que se considere admisible que una persona con una carrera criminal pueda hacer también carrera política»

ALFONSO ALONSO

Candidato a lehendakari del PP

«¿Cómo va a ser un debate que Arnaldo Otegi se pueda presentar a las elecciones? Hay una sentencia judicial. Y ya está. No hay debate»

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL

Secretaria general del PP