La elección de Arnaldo Otegi como candidato a lehendakari por las bases de EH Bildu fue pronto tachada por sus adversarios políticos y mediáticos de una suerte de regreso al pasado. Se habló de lo mucho que había cambiado Euskal Herria durante los seis años y medio que lo tuvieron en prisión, y de que su mera imagen retrotraía el escenario a tiempos pretéritos y felizmente superados.
Pero mientras unos hacían discursos de este tipo, en la sala de maquinas del Estado español, allá donde trabajan los que detentan el verdadero poder, se habían encendido luces rojas de alarma. No es que impedir que pudiera siquiera optar a ser lehendakari se convirtiera en su mayor prioridad, pero sí pasaba a ser una de las cuestiones de Estado. Si de verdad creyeran que Arnaldo Otegi era un candidato amortizado por el paso del calendario –y medios tienen para testarlo– habrían dejado que se estrellara contra las urnas. Sin embargo, la posibilidad de que su figura política obtuviera un amplio respaldo social y democrático les ha llevado a buscar los vericuetos judiciales que les han permitido cortar de raíz lo que pronosticaban que iba a ser un grave problema.
En términos de Justicia no hay debate. Porque el eje no es que Otegi no recurriera una liquidación de condena, sino que nunca debió ser condenado porque en su actuación no había delito sino aportación a la paz en Euskal Herria. El presente de Rubalcaba y Garzón encarcelando a Otegi es el presente de la Audiencia Nacional y el TS condenándolo, y es el presente del TC que rechazó entonces su recurso y el del que aquí y ahora ni siquiera lo admite a trámite. El presente es que se sigue negando a la fuerza a la ciudadanía vasca la capacidad para normalizar su futuro.
Arnaldo Otegi no será lehendakari, por ahora, porque para eso hay que ser parlamentario. Eso sí, no podrán impedir que sea vicelehendakari o algún día embajador.
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