La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha dictado un auto en el que comunica su decisión de no atender el requerimiento del Estado para que se ejecute la sentencia, ya que «generaría perjuicios de difícil reparación» en el servicio público de la Ertzaintza, hasta que haya una resolución firme sobre el asunto.

La sentencia de ilegalidad fue dictada por el propio TSJPV el pasado mes de julio, y afecta a 254 agentes que fueron convocados en 2015 a una OPE del Departamento de Seguridad. De momento podrán seguir con su preparación hasta que se resuelva el recurso que presentó el Gobierno autonómica ante el Tribunal Supremo.

El proceso comenzó cuando el Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, presentó un recurso contra dicha OPE al entender que no se había respetado la tasa de reposición fijada por el Ejecutivo de Madrid para los funcionarios.

El TSJPV dio la razón al Gobierno de Mariano Rajoy al considerar que Lakua se había excedido en sus competencias; y posteriormente la Abogacía del Estado reclamó la ejecución de esa sentencia en lugar de aguardar hasta que se resolviera el recurso ante el Supremo.

La sala de lo Contencioso del TSJPV ha avalado la tesis del ejecutivo de Gasteiz al entender que «la eventual exclusión de estos efectivos que suponen el 7,88% del total de la plantilla de la Policía Autónoma Vasca puede tener incidencia real en el servicio público».

Ha explicado que, según los datos del Gobierno autonómico, sumados los 254 agentes en prácticas, la plantilla total de la Ertzaintza «no alcanza los 8.000 efectivos consensuados en el seno de la Junta de Seguridad», ya que faltarían 145 para llegar a ese límite.