Concejales con los oficios más diversos y de los pueblos más pequeños a las grandes capitales, otros cargos institucionales o de partido, jueces, empresarios, periodistas... un largo grupo de vecinos de este país se quitaron un enorme peso de encima cuando hace cinco años ETA anunció el fin de su actividad armada. Aunque la amenaza contra sus personas se había ido atenuando con treguas y otras decisiones de la organización, ahora sí, por fin, sabían que podían respirar tranquilos. Y podrían entrar y salir de casa cuando quisieran, sin que les siguieran una o dos sombras, que les recogían en el portal y les esperaban en las esquinas. Al pasear por nuestras calles ya no se ven apostados contra la pared a esos escoltas que pocas veces podían disimular qué eran y qué hacían.

La mayoría de quienes vivían amenazados acogieron con alivio desprenderse de sus guardaespaldas. A algunos les costó más. El pintor y escultor Agustín Ibarrola, por ejemplo, decía un año después que todavía sentía miedo al ir sin escoltas, «porque aún recibo miradas de odio».

Hubo también quienes sintieron que con la pérdida de los «acompañantes» perdían también cierto status social. La condición humana es compleja. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) dijo en su momento que tener escolta policial «era un signo de distinción para muchos y un modo de asegurarse un coche oficial, que resulta muy cómodo». Fuentes de los propios escoltas inciden en que muchos protegidos estaban acostumbrados a tratarles como chóferes. Hay testimonios muy duros de quienes han escuchado decir que «si no sería porque conducen ellos y puedo beber y encima no pago un duro de gasoil, los iba a aguantar su puta madre, ineptos».

En 2007 el Departamento de Interior de Lakua que dirigía Javier Balza redactó una circular en la que advertía de que «los escoltas no son sirvientes, ayudantes de cámara ni mayordomos. Ellos están única y exclusivamente para darles protección. Trátelos con respeto, no son ni animales ni objetos. Si es así Ud. será tratado de igual manera».

Ni cárceles ni protección a mujeres

Pero lo que para los amenazados fue un descanso derivó en que los escoltas privados perdieron su empleo. Se calcula que en 2003 hubo hasta 3.500 protegiendo a potenciales víctimas de ETA. En 2011 eran unos 1.100. La inmensa mayoría de ellos acabaron en el paro tras el cese de la lucha armada. Desde el Gobierno español se dijo que pasarían a labores de vigilancia perimetral en las cárceles, pero apenas un 10% están en esas tareas. El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para, entre otras cosas, exigir a las empresas de seguridad que contraten a estos escoltas para ese trabajo. Porque, hecha la Ley de Seguridad Privada, las empresas hicieron la trampa. Ganaron las adjudicaciones pero, en lugar de contratar a guardaespaldas que habían trabajado en Euskal Herria, emplean a personas sin experiencia ni cualificación que les resultan más baratas.

Tampoco la protección de mujeres víctimas de violencia de género ha sido una salida laboral, salvo para unos pocos en la CAV. Según informaba recientemente “El Confidencial” hay no pocos escoltas viviendo ahora prácticamente en la indigencia y se sienten abandonados por los gobiernos. «Sombras olvidadas». Así se llama una asociación de estos exescoltas.