Además, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento se ha solidarizado con «la acción de desobediencia de estas dos personas» y ha solicitado su puesta en libertad. Asimismo, ha demandado al Gobierno español «el cumplimiento estricto de los artículos 13 y 14 de la Declaración Universidad de Derechos Humanos: derecho a la libre circulación y derecho de asilo».
A juicio de los integrantes del equipo de Gobierno municipal, «el cumplimiento de los Derechos Humanos no es negociable: cuando las políticas y legislaciones de los Estados vulneran estos derechos, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de impugnar estas leyes injustas».
«Consideramos que los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la libre circulación y el derecho al asilo, están siendo vulnerados por la actual política migratoria de la Unión Europea, por sus acuerdos internacionales, y también por parte del Gobierno», ha concluido.

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