Acompañada por el jefe de Policía Foral, Torcuato Muñoz, y la secretaria general técnica del departamento, Olga Artozqui, la consejera ha dado explicaciones en el Parlamento sobre los cambios introducidos en el cuerpo autonómico, la dimisión de 30 mandos y la aplicación retroactiva de salarios.

Según ha dicho, el nuevo decreto de la Policía Foral busca la «racionalización» y la «reorganización» de unidades, lo que supondrá además reducir los costes; ha descartado la aplicación retroactiva de las retribuciones y de la renuncia de 30 jefes de unidad del cuerpo ha indicado que los hechos no son susceptibles de generar una responsabilidad disciplinaria.

Por su parte, Torcuato Muñoz ha recordado que la anterior estructura de la Policía Foral «no obedecía a una pirámide», ha advertido de una «insuficiencia de mandos» y ha matizado que «tenía bastante más peso la antigüedad que ningún otro factor a ponderar», lo que conllevaba que personas que no daban el perfil accedieran a ciertas unidades simplemente por ese criterio.
Así, ha apostado por dar más valor a las pruebas teórico prácticas y exigir cursos para acceder a determinadas unidades.

La secretaria técnica del departamento, Olga Artozqui, ha reconocido por su parte que «no ha existido insubordinación» ni se ha cometido «ninguna infracción tipificada» en la dimisión de los 30 mandos del cuerpo, aunque en la anterior ley sí lo hubiera estado.

No obstante, ha añadido, «al ser nombramientos de confianza», si se rompe «ese lazo», la ley permite nombrar a otro cargo de libre designación o llevar a la persona en cuestión a «otra unidad» donde pueda desarrollar su labor «con más normalidad».

Artozqui ha aclarado también que no habrá aplicación retroactiva de los salarios y «todos los agentes que ven incrementado» el suyo es «porque ha subido el complemento específico».

Escuchadas las explicaciones, Sergio Sayas, UPN, se ha mostrado «decepcionado» y ha hablado de una «caza de brujas disfrazada de cambio de estructura», ya que el Ejecutivo ha «cesado, cambiado o relegado a aquellos que, en uso de su libertad, protestaron contra una decisión del Gobierno».

Sayas, que ha denunciado una «actitud cerrada a la crítica y al diálogo», ha señalado que «lo único integral es la incompetencia del Gobierno» para resolver los problemas de la Policía Foral.

Por su parte, Inma Jurío, PSN, se ha mostrado disconforme con la valoración del informe sobre la retroactividad de los salarios, y Ana Beltrán, PPN, ha sostenido que el Gobierno «no cree en la Policía Foral» ni sabe «qué quiere» para este cuerpo ni «a dónde quieren que llegue».

Por el contrario, el parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha negado dicha caza de brujas, ya que «el Gobierno tiene que actuar y lo hizo convenientemente»; el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha apostado por una «reflexión estratégica» sobre el modelo de Policía Foral que se quiere; y los representantes de Podemos e I-E, Rubén Velasco y Marisa de Simón, se han mostrado de acuerdo con lo expuesto.