Tras agotar el periplo judicial en el Estado español (el Tribunal Constitucional ni siquiera ha admitido a trámite los recursos por una y otra política de excepción), tanto la dispersión como la negativa a descontar condenas cumplidas en otros estados han llegado a Estrasburgo. Lo han confirmado hoy en rueda de prensa, junto a representantes de Etxerat, las abogadas Amaia Izko y Haizea Ziluaga.

En el asunto de la dispersión, como se difundió hace un par de semanas, a Estrasburgo ha llegado ya el recurso de Josetxo Arizkuren, actualmente preso en Murcia. La demanda se interpone por el concepto de «vulneración del derecho a la vida familiar», incidiendo en cuestiones como la afección que provoca a los allegados de los presos, la evidencia de que la dispersión no está prevista en la ley española sino más bien al contrario, y que tampoco es justificable hoy día con los argumentos que se empleaban cuando ETA atentaba, según ha indicado Izko.

El caso de Arizkuren es solo el primero que ha agotado el recorrido judicial en el Estado español y por eso ha podido saltar a Europa. Pero detrás hay cerca de 250 solamente en este estado. En el francés también se interponen acciones judiciales contra la dispersión, pero obviamente por instancias y procedimientos diferentes que hacen que aún no lleguen a Estrasburgo.

Por lo que respecta al tema del cómputo de condenas, Ziluaga ha explicado que afecta a unos 50 presos vascos, de los que siete deberían quedar libres inmediatamente si se cumpliera el criterio fijado por Europa ya en 2008 y trampeado por Madrid con una artimaña legal en 2014. En este caso, hay tres presos cuyos recursos ya han pasado por el Constitucional y desembocan por tanto en Europa: Alberto Plazaola, Santi Arrozpide y Francisco Mujika Garmendia.

Las abogadas se muestran esperanzadas en una respuesta positiva de Estrasburgo, como ocurrió en su día con la anulación de la llamada «doctrina Parot», cuyo objetivo de alargar condenas era idéntico al de la actual negativa a descontar penas cumplidas en otros estados. En cualquier caso, preven que pasen meses antes de conocer siquiera si serán admitidas a trámite.

En ello han hecho hincapié, desde Etxerat, Naike Díez y Patrizia Belez: «No dudamos de que el pronunciamiento final será favorable a nuestras demandas. Pero sabemos, igual que lo sabe el Estado español y cuenta con ello, que el tiempo no corre a nuestro favor». Por ello, confían en que estas medidas se desactivarán antes de que Estrasburgo resuelva: «Confiamos plenamente en la sociedad vasca, en su capacidad de evitar que el Gobierno español haga prevalecer las estrategias de venganza sobre el respeto a los derechos humanos», han dicho.