«La iniciativa política fue mía, como president que era. Las directrices venían de mi mismo, el resto del Govern las siguió», ha señalado el expresident Artur Mas durante su declaración en el juicio por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Mas no ha respondido ni a la Fiscalía ni a la acusación particular, solo a las preguntas de su abogado.

Tal y como se esperaba, la línea de defensa de los tres acusados ha sido reiterar que, si bien la iniciativa política del proceso participativo del 9N fue del Govern –concretamente de Mas–, la ejecución de la consulta corrió a cargo de los 42.000 voluntarios. La intensidad de las declaraciones, en cualquier caso, no ha sido la misma, ya que mientras Ortega y Rigau han eludido cualquier responsabilidad, Mas ha concluido su intervención haciéndose responsable «de todo»,
también de la apertura de los colegios electorales.

El expresident ha recordado que «más de dos tercios de los diputados elegidos en 2012 defendía una consulta sobre el futuro de Catalunya», por lo que ha subrayado que «el 9N no fue un capricho individual, una salida de tono o una ocurrencia», sino que fue «la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios».

Asimismo, Mas ha asegurado que, tras el cambio de formato del 9N, «la administración no tenía capacidad de llevarlo a cabo por si misma». El exdirigente catalán considera que el Gobierno español «ridiculizó» la consulta alternativa convocada tras la primera suspensión.

La defensa del expresidente catalán Artur Mas en la causa del 9N ha alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de «desobediencia». Sin embargo, el TSJC ha descartado que se haya causado «indefensión» al expresidente catalán, como ha alegado hoy su abogado, al denegarle como prueba un informe de la Fiscalía reacio a acusarle por desobediencia en el 9N.

En el trámite de cuestiones previas, Xavier Melero, abogado del expresidente de la Generalitat, ha planteado que en la causa se ha causado indefensión a su cliente al no haberse aceptado como prueba el informe en que los fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya se mostraron contrarios a querellarse contra Mas por desobediencia.

Cuestiones previas

En las cuestiones previas, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha vuelto a oponerse, como ya hiciera la Fiscalía, a la aceptación de ese informe del ministerio público como prueba, al entender que la propia sala ya lo denegó en su día y que el escrito «no aporta nada respecto al contenido de los hechos», más allá de un mero «efecto retórico».

Sánchez Ulled ha recalcado que la Fiscalía se rige por los principios de «imparcialidad, legalidad, unidad y jerarquía» y que dispone de sus propios mecanismos para adoptar decisiones, sin que el informe contrario a la querella tenga interés alguno para la causa.

En un alegato al que se ha adherido también la defensa de Irene Rigau, el abogado ha invocado vulneración del derecho de defensa por la decisión de la sala del TSJC que juzga a Mas de rechazar la declaración como testigos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, Rafael Catalá.