Los técnicos de seguridad nuclear adscritos a la ASTCSN, a través de un comunicado, han lanzado su advertencia ante la previsión de que el CSN emita en los próximos días el dictamen técnico preceptivo sobre la solicitud de los propietarios de la central Garoña (Iberdrola y Endesa) para reiniciar la actividad nuclear de la planta, que dejó de estar operativa en 2012.

Esta asociación ha recordado que el CSN ya reclamó a los propietarios de la central nuclear una revisión del diseño de la planta, así como la implantación de determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad.

Entre las medidas que pidió que fueran adoptadas se encuentra la creación de nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra caída del techo del edificio de turbina, y el aislamiento de la contención primaria.

La ASTCSN ha asegurado que el CSN advirtió de que dichas modificaciones deberían estar implantadas «como condición previa» para la emisión del preceptivo informe favorable a la renovación del permiso de actividad para la central, según se indicó a los propietarios de Garoña en una carta emitida en abril de 2015.

Estos técnicos han destacado que «a fecha actual, esta instalación no ha realizado estas modificaciones necesarias requeridas para mejorar su nivel de seguridad».

«Exención encubierta»

En estas circunstancias –añaden– la emisión por parte del CSN de un dictamen favorable a la explotación de la central «supondría un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos, dado que no ha habido debates públicos ni las actas del pleno permiten conocer esas deliberaciones, y supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

Los técnicos han advertido de que el dictamen sobre la continuidad de explotación de una central nuclear «debe necesariamente tener en cuenta el resultado final de la implantación de unas mejoras de naturaleza compleja y que, por tanto, pueden conllevar desviaciones respecto a lo inicialmente previsto».

La ASTCSN considera que dictaminar sobre el nivel de seguridad de Garoña en las condiciones actuales «supone hacerlo sin disponer de toda la información y supervisión necesarias».

Por otra parte, ha recordado que en la actualidad todas las centrales del Estado «están obligadas» a realizar cada diez años una ‘Revisión Periódica de Seguridad’ (RPS), siguiendo las pautas establecidas en la Guía de Seguridad 1.10 (GS-1.10) del CSN.

Esta guía contiene normativa compartida a nivel europeo y avalada por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). En ella, se asocia la RPS con las solicitudes de renovación de las licencias de explotación, como garantía previa para la emisión de informe favorable sobre la renovación, para que el diseño de las plantas nucleares se actualice a la «mejor tecnología disponible», adecuándose a los avances de conocimiento, tecnológicos y normativos.

Por todo ello, la ASTCSN ha afirmado que la aplicación de la GS-1.10 «supone una salvaguarda de que las inversiones económicas para actualizar las plantas nucleares son acordes al nivel de riesgo que se considera aceptable en cada momento».

Esta asociación ha explicado que el CSN ha preparado una revisión de la GS-1.10, a petición de UNESA, la patronal de las eléctricas, desvinculando los plazos de la Revisión Periódica de la Seguridad con los del propio permiso, «eliminando así la condición previa» de realizar una Revisión Periódica de la Seguridad para el informe favorable del CSN sobre la concesión de un permiso de explotación, que forzaba a concederlos por un máximo de diez años, y que con la modificación podrán ser de la duración que establezca el Gobierno español.

Los técnicos han indicado que esta revisión de la GS-1.10 no está aprobada todavía, pero han advertido de que «podría ser aplicada por el pleno del CSN para la emisión de su informe favorable sobre Santa María de Garoña, sin conocerse los fundamentos de este cambio de criterio».

«Falta de transparencia»

La ASTCSN ha asegurado que emitir un dictamen técnico sin aplicar la mencionada Guía de Seguridad, ni conocer el resultado de la implantación de las modificaciones de diseño requeridas, «supone asumir unos riesgos de forma no justificada y sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad».

Frente a esta «falta de transparencia», ha reclamado un debate en el que «el regulador explique públicamente su posición y justifique, en su caso, la necesidad de modificar estos requisitos».

La asociación ha lamentado que el trabajo realizado en el CSN se ha desarrollado internamente a través de un expediente de evaluación «de acceso restringido incluso para los propios evaluadores, que impide la discusión necesaria para alcanzar el mejor resultado».

Además, han destacado la «gran incertidumbre» causada por los mensajes «contradictorios» de los sucesivos gobiernos y de la empresa propietaria de la central sobre la continuidad de la misma. «Antes de evaluar con escenarios inciertos, dedicando recursos que se detraen de otras actividades de supervisión, debería producirse un muy necesario debate técnico público sobre la extensión de vida de nuestras plantas nucleares», han manifestado.

La asociación ha denunciado que «la toma de decisiones precipitadas, sin haber implantado todas las modificaciones solicitadas, usando una normativa no aprobada, sin la transparencia debida y sin un debate previo sobre la extensión de vida de las centrales nucleares, pone en entredicho la credibilidad del CSN como institución responsable de la defensa de los principios de la seguridad nuclear y la protección radiológica».