El juez Serge Tournaire, encargado del caso, ha ordenado procesar a Sarkozy y los otros trece implicados en la investigación sobre los gastos de campaña en 2012 y las facturas falsas emitidas por la firma Bygmalion.

En concreto, se reprocha a Sarkozy haber superado el tope de gasto electoral en campaña, fijado en 22,5 millones de euros entonces. El juicio es resultado de una investigación abierta en 2014 que detectó un sistema de facturas falsas destinadas a disimular que se había superado el gasto permitido.

Entre el resto de imputados, además del expresidente, figuran antiguos altos cargos de la UMP –el partido de Sarkozy– y su jefe de campaña, Guillaume Lambert, y responsables de la empresa de comunicación Bygmalion, una de cuyas filiales organizaba los actos de campaña.

Todos ellos son sospechosos de haber participado en la creación de un sistema de facturas faltas para atribuir a la UMP unos 15 millones de euros de gastos de mítines que deberían haber figurado en el presupuesto de la campaña presidencial del entonces presidente, que buscaba su reelección.

En cuanto al expresidente, se cree que no estaría al tanto de dicho sistema pero sí de que su campaña electoral ya había superado el límite de gasto fijado por ley, ya que había recibido avisos de expertos contables al respecto.

Sarkozy, que perdió aquellas elecciones frente al candidato del Partido Socialista, François Hollande, ha intentado sin éxito ser el candidato de la derecha para las presidenciales de este año, pero quedó tercero en las primarias.

Anuncia recurso

Nicolas Sarkozy ya ha anunciado que recurrirá la decisión. Su abogado, Thierry Herzog, ha destacado en un comunicado que solo uno de los dos jueces instructores del llamado ‘caso Bygmalion’ ha firmado el envío a juicio del expresidente, un hecho «muy poco habitual» que, a su juicio, «ilustra la inanidad de la decisión».

El letrado agrega que su cliente ya pagó una multa después de que el Consejo Constitucional señalara en julio de 2013 que superó el límite de gasto permitido. Sarkozy pagó entonces 363.615 euros de su propio bolsillo, mientras que, a través de una cuestación lanzada a los militantes y simpatizantes de su partido, recaudó los casi 12 millones de euros que le había pagado el Estado como gastos de campaña y que el Constitucional le impuso devolver.