Se trata, según ha precisado en conferencia de prensa, de «reivindicar que existen víctimas que no han sido todavía ni reconocidas ni reparadas», y será un acto «previo al reconocimiento» a estas víctimas «con nombres y apellidos».

«Víctimas de este tipo de violencias las hay» pero sin embargo el día 18 no se rendirá un homenaje a víctimas concretas porque, por decisión del Parlamento, debe ser una comisión de expertos la que diga quiénes son y esa labor no se ha realizado todavía.

Por tanto, ha puntualizado, lo que ha «organizado» el Ejecutivo es «un acto de reconocimiento y reparación, un acto institucional», dentro del «contexto victimológico», para «dar cumplimiento a la ley» del 10 de abril de 2015.

Y en este sentido ha destacado que se trata de «personas que han sufrido una vulneración de derechos y que tienen también por tanto derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación».

María Solana ha recordado además que la ley de 2015 fue recurrida por el Estado y suspendida por el Tribunal Constitucional, que luego levantó la suspensión de algunos artículos y entre ellos el que regula este homenaje.

Lo que significa a juicio del tribunal, ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, que este acto es «perfectamente constitucional» y por ello «no puso objeción ninguna» al mismo.

Por otra parte, preguntada por la derogación de Ley foral de Símbolos y cómo se llenará el marco legal hasta tanto se apruebe otra, la portavoz del Ejecutivo ha señalado que el Gobierno no presentará ningún proyecto de ley derogatorio sino que serán los grupos parlamentarios de los partidos que lo sustenten los que registrarán una proposición cuyo contenido no ha avanzado aunque sí que con ella «no entrará en vigor» la antigua ley de 1986.