Pradales ha comparecido en la comisión de Desarrollo Económico y Territorial en las Juntas Generales a solicitud del PP y EH Bildu para explicar las negociaciones que mantienen las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba para implantar un sistema de peajes «único» en las carreteras de titularidad foral en la CAV.

Según han informado las Juntas, Pradales ha afirmado que la Diputación vizcaina «continúa trabajando» en la puesta en marcha en toda la comunidad autónoma de un modelo «similar» al que se aplica en Bizkaia.

Ha expresado su deseo de que el acuerdo para establecer un «nuevo modelo de bonificaciones» entre Bizkaia, Gipuzkoa y Alava para la AP-8 y la AP-1 esté listo «este mismo año», aunque antes deben resolverse aspectos «técnicos y legales» y otros ligados al «impacto económico» que dicha medida tendrá en los presupuestos de cada herrialde.

El diputado foral ha destacado que uno de los asuntos que más preocupan es el que tiene que ver con el control del fraude, con vistas a establecer un modelo que sea capaz de verificar miles de operaciones de tránsito.

Solo en enero, «de los 2,6 millones de tránsitos» contabilizados en el tramo vizcaino de la AP-8, «240.000» fueron subvencionados, ha precisado para dar idea de que es un asunto «complejo de comprobar solo en Bizkaia». «Imagínense en los tres territorios», ha dicho Pradales dirigiéndose a los grupos junteros.

Ha explicado que se han producido «dos reuniones» de carácter político e «innumerables» contactos de ámbito técnico entre las diputaciones para tratar una cuestión que requiere de «prudencia y un trabajo discreto».

El diputado no ha dado una fecha de implantación, ni tampoco el coste real que tendría para el usuario, y ha negado que el sistema de peaje tenga repercusión en las cuentas de la sociedad pública foral Interbiak, dedicada a la gestión de las carreteras vizcainas. «Al contrario, (el sistema de peaje) está generando un tráfico inducido que le genera más ingresos», ha dicho.