Pérez de los Cobos ha realizado estas afirmaciones tras la toma de posesión de los nuevos cuatro magistrados designados la pasada semana por el Senado –Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer– y ante el ministro español de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y numerosos integrantes de la cúpula judicial y diputados.

A juicio del aún presidente del TC, la resolución de 2014 y las que la han seguido en relación con el proceso soberanista de Catalunya pretendieron dos cosas que «por desgracia no se han conseguido», que son la de «salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional» y reconducir el denominado «derecho a decidir a una aspiración política suceptible de ser defendida en el marco de la Constitución».

«Los problemas de esta índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuyo función es velar por la observancia estricta de la Constitución», ha añadido, para insistir en que los poderes públicos «y muy especialmente los territoriales», son quienes están «llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en ese ámbito».

«Desde aquel pronunciamiento nuestro, la tensión no ha cesado», ha reconocido el presidente del TC, para añadir que por ello la llamada al diálogo político sigue siendo válida. «El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles».

El presidente de TC ha recordado que las resoluciones dictadas han salido al paso de la atribución de la condición de soberano «a quien de acuerdo con nuestro texto fundamental y con el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña no la tiene».

En este punto ha incidido en que si en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano, «y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano».

Las manifestaciones de Pérez de los Cobos han sido rápidamente respondidas por la vicepresidenta del Gobierno español y ministra para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha subrayado que «indudablemente, el Tribunal Constitucional es un elemento para la resolución de conflictos».