Moncloa intentó minimizar el impacto el mismo sábado con una nota en la que aseguraba que «la Comisión de Venecia avala la reforma de 2015 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional», pero el informe de este órgano consultivo del Consejo de Europa, conocido de forma íntegra el lunes, deja en ridículo el titular divulgado por el Gobierno español cuando asegura, en sus conclusiones, que «la atribución directa de toda la responsabilidad de la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional al propio tribunal debería ser reconsiderada, con el objetivo de promover que el Tribunal Constitucional actúa como un árbitro neutral». Literalmente.

Pero recapitulemos. La reforma del TC, que el PP aprobó en 2015 con su rodillo parlamentario habilita al máximo tribunal español a tomar medidas coercitivas para garantizar que se cumplan sus mandatos. Es decir, antes, si alguien desobedecía al TC solo podía ser procesado por la justicia ordinaria, previa interposición de una denuncia por parte de la Fiscalía o de algún particular –el juicio contra el 9N ha sido un ejemplo–. Ahora, el propio TC tiene la potestad de imponer multas de entre 3.000 y 30.000 euros o de suspender de sus cargos a quien incumpla sus sentencias.

Esta reforma es la que ha analizado a fondo, después de una visita al Estado español, el Consejo de Europa, institución que no hay que confundir con la Unión Europea ni con el Consejo Europeo –que reúne a los líderes de la UE–. Se trata de una institución internacional formada por 47 estados europeos que, según se lee en la web del Ministerio español de Exteriores, «tiene como objetivo principal la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los civiles y políticos». Una institución, por tanto, poco sospechosa a ojos del statu quo. No en vano, en su informe subraya la obligación legal que todo ciudadano tiene de cumplir los dictámenes del TC, pero también explica que otorgar la responsabilidad de ejecutar las sentencias de una corte constitucional a la misma corte «es la excepción», en el ámbito europeo. Por ejemplo, el informe apunta que, además de España, solo Moldavia contempla la imposición de multas administrativas por parte del tribunal encargado de velar por la Constitución. La comparación es, de hecho, terrible para los intereses españoles: por un lado, citando ejemplos como los de Reino Unido, Holanda o Noruega, el Consejo de Europa asegura que «en la mayoría de estados europeos no hay reglas explícitas sobre el no cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional». Por otro lado, y acto seguido, explica que solo en algunos estados como Albania, Armenia, Moldavia y Ucrania, la ley contempla «sanciones en el caso de no cumplimiento».

No son las únicas conclusiones de un informe que, a modo de resumen, establece de forma contundente que «la atribución del poder de ejecución de sus decisiones al Tribunal Constitucional puede parecer, a primera vista, un aumento de sus poderes; sin embargo, la separación de las competencias de dictar sentencia, por un lado, y de ejecutar sus consecuencias, por otro lado, refuerza el sistema de controles y equilibrios en su conjunto, y en definitiva, también la independencia del Tribunal Constitucional». El Consejo de Europa no puede ser más claro cuando afirma que «esto puede desafiar la autoridad del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, de la propia Constitución».

El informe también deja algunas perlas cuando detalla la visita que los miembros de la Comisión de Venecia realizaron al Estado español para reunirse, entre otros, con miembros del propio TC, del Consejo General del Poder Judicial o del Gobierno español. «Prácticamente todos los interlocutores se refirieron, más o menos explícitamente, al movimiento separatista catalán como la razón política para la adopción de la reforma». Asimismo, el Consejo de Europa añade que las instancias españolas explicaron que las medidas contempladas en la reforma del TC son el paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno –previo beneplácito del Senado– tomar las medidas necesarias para asegurar que una autoridad cumple con la ley. Nunca antes una instancia estatal se había expresado en estos términos.

Pero las críticas de la institución internacional no acaban aquí, ya que también cuestiona la ambigüedad con que la reforma del TC trata la posible suspensión de cargos públicos. Concretamente, el Consejo de Europa asegura que «se sigue sin aclarar si la suspensión de sus funciones se aplica solo a funcionarios públicos o también a cargos electos». Sobre la suspensión de los primeros, el informe asegura no ver mayores problemas, pero sobre los segundos no lo tiene tan claro, ya que asegura que «la suspensión de miembros de un parlamento que tienen un mandato democrático del pueblo soberano podría ser problemática». La amenaza contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se encuadra en este último supuesto.

¿Otra grieta en Alemania?

Aunque es el principal revés sufrido por la estrategia exclusivamente judicial del Estado español frente al proceso catalán, el informe del Consejo de Europa no es el único cuestionamiento a la actitud de Madrid escuchado en las últimas semanas. Aunque las cancillerías europeas siguen apostando por el silencio ante un «asunto interno», la Fundación Konrad Adenauer, think-tank ligado a la CDU de Angela Merkel, se refirió al tema en un reciente informe sobre la situación en el Estado español.

Firmado por el director de la oficina de la fundación en Madrid, Wilhem Hofmeister, el escrito asegura que el hecho de «que el separatismo no puede combatirse únicamente con acciones judiciales y con la Policía es evidente, por lo menos fuera del PP». La enmienda del informe a la estrategia de Moncloa es absoluta: «Rajoy ha insistido en varias ocasiones en los últimos años, sobre todo ante la Presidencia del Consejo de la UE y la canciller alemana, que en Catalunya no habría ningún plebiscito y, sin embargo, una consulta sobre la independencia de Catalunya se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2014. Incluso ahora, no está claro cómo se va a impedir un nuevo plebiscito y, en particular, qué proyecto político ofrece el PP».

Diputados británicos de todos los colores crean un grupo sobre Catalunya

El conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ofreció ayer una conferencia en la Cámara de los Comunes británica, donde se formalizó la creación del All-Party Parliamentary Group on Catalonia, un grupo de debate sobre Catalunya y el proceso independentista formado por una veintena de diputados británicos de todos los colores.

Concretamente, forman parte del grupo diputados laboristas, conservadores, liberal demócratas, y socialdemócratas, además de parlamentarios galeses y del SNP escocés, cuyo diputado Christopher Bambery ejercerá como portavoz del grupo. En una entrevista concedida la semana pasada a la Agència Catalana de Notícies, Bambery explicó que entre los diputados hay quienes están a favor y quienes están en contra de la independencia de Catalunya, «pero todos quieren el reconocimiento del derecho de los catalanes a la autodeterminación».

Ayer Romeva se refirió al fallo de la víspera contra el 9N y defendió que «la finalidad de las leyes y de la justicia no es abolir o restringir la libertad, sino preservarla y ampliarla.B.Z.

Govern y Parlament se reafirman en la hoja de ruta

La jornada de ayer estuvo marcada por la resaca de las sentencias contra el 9N conocidas el lunes. Tras la habitual reunión del Govern de los martes, la consellera de Presidència y portavoz, Neus Munté, aseguró que «la voluntad de acuerdo con el Estado» se mantiene intacta, igual que el compromiso con la celebración del referéndum, que consideró «inalterable». «A ningún miembro del Gobierno le tiemblan las piernas», dijo.

Por su parte, la Mesa del Parlament también mantuvo su actividad ordinaria y siguió adelante con los planes de la mayoría soberanista. Por un lado, la Mesa aprobó la creación de la ponencia en la que se reformará el reglamento del Parlament para permitir la tramitación exprés de la ley de transitoriedad jurídica. Por otro, la Mesa también aprobó el calendario para la tramitación de los presupuestos, que se debatirán y, probablemente, aprobarán en el pleno que el Parlament celebrará la semana que viene. La mayoría soberanista de la Cámara también se reunió ayer para dar apoyo a la diputada Irene Rigau, inhabilitada por el TC.B.Z.