La Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia ha acogido hoy la cuarta y última sesión del juicio contra cuatro guardias civiles por torturas a Sandra Barrenetxea en setiembre de 2010.

Al inicio de la sesión, la acusación particular ha hecho una petición de 9 años de prisión para cada uno de ellos por «torturas, lesiones y agresión», modificando el tipo delictivo anterior. A dos de los agentes se les acusa de ser los autores materiales de los hechos y los otros dos el instructor y secretario del operativo en el que fue arrestada Barrenetxea y otras ocho personas por su militancia en Ekin.

La abogada de Barrenetxea, Jone Goirizelaia, ha señalado durante la exposición de su informe que el proceso «ha sido una carrera de obstáculos larga, costosa y repleta de dificultades». Asimismo, la letrada ha destacado el «valor» del testimonio de Barrenetxea y ha recordado la jurisprudencia hasta de la misma Sala, Supremo y Tribunal Constitucional español.

Goirizelaia ha puesto en duda el control por parte del forense de la Audiencia Nacional española y ha incidido en que «se quedó tan ancho» tras escuchar a Barrenetxea. Asimismo, ha insistido en la credibilidad del testimonio de Barrenetxea y ha destacado la identificación de tres de los agentes durante el juicio.

La letrada ha dicho que «no estamos en la Chile de Pinochet» pero ha incidido en que los hechos denunciados tuvieron lugar en 2010 en un Estado que se dice «democrático» como el español. Goirizelaia ha añadido que, al margen del proceso judicial, habrá que reconocer que hechos como los denunciados por la militante independentista se cometieron «y habrá que pedir perdón».

Fiscalía y defensa

Por el contrario, Fiscalía y defensa han solicitado la libre absolución. Además, el letrado de los agentes pide que se actúe contra Sandra Barrenetxea «por falso testimonio». Carlos Aguilar ha sostenido que a los agentes «su defensa del Estado de Derecho les trae aquí» y ha asegurado que «nadie defiende la tortura».

Ha acusado Barrenetxea de «faltar a la verdad» y ha citado su exposición en los medios de comunicación para negar que sufriera las torturas que relata. Ha rechazado que se le rompieran los pantalones a la víctima para agredirla, que se le hubiese practicado la bolsa y que recibiera golpes a la vista de lo recogido por el forense en los informes que entregó al magistrado Fernando Grande-Marlaska.

Respecto a la identificación de tres de los cuatro guardias civiles por parte de Barrenetxea, el letrado lo ha definido como «reconocimiento impostado» buscando el titular en los medios de comunicación, incidiendo en el carácter «propagandístico» del juicio que la propia Audiencia de Bizkaia ordenó que se celebrara tras tres archivos provisionales.

En sus conclusiones, ha manifestado que «Sandra Barrenetxea ha ido creando un personaje, ha contado con un guión, un relato novelado». Además, ha puesto en cuestión el informe elaborado sobre la detenida por la sicóloga clínica Olatz Barrenetxea, que otorga veracidad al relato de la militante independentista siguiendo los parámetros que establece el Protocolo de Estambul.

En la exposición de su informe, el fiscal ha defendido que «pesan más las pruebas médicas» que, ha dicho, ha aportado el médico forense de la Audiencia Nacional que el testimononio de la víctima. Además, ha resaltado que Juan Miguel Monge Pérez dijo que la arrestada estaba «emocionalmente estable» y ha añadido que el abogado de oficio, que no pudo hablar con Barrenetxea al estar incomunicada, «no apreció nada en su estado». «No hay prueba objetiva de que los hechos hayan sido así», ha apostillado.