En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Josu Erkoreka ha señalado que el principal objetivo del Ejecutivo de Lakua en la fase de instrucción del «caso Cabacas» ha sido que «los hechos se clarificaran completamente» a través de la investigación judicial, y que se hiciera «de la manera más rápida posible".

}Parece que, finalmente la investigación judicial ha concluido, la instrucción parece que termina ya. Ha tardado cinco años, pero lo positivo de este auto judicial es que parece que la investigación se da por terminada», ha añadido.

No obstante, ha recordado que, a partir de ahora continúan las diligencias judiciales, y lo harán en los términos que determinen y soliciten las partes personadas, y de acuerdo con lo que decida la autoridad judicial.

Por ello, ha explicado que el Gobierno de Lakua quiere ser «respetuoso» con las actuaciones que se vayan a plantear «en el futuro». «Y, por supuesto, se si abre el juicio oral, será respetuoso con las diligencias judiciales, y con el resultado del mismo», ha señalado.

Agentes imputados

En cuanto a los mandos de la Ertzaintza imputados, ha asegurado que estaban ya «desligados de las funciones y responsabilidades que desempeñaban en el momento de producirse los hechos».

Además, ha afirmado que «las discrepancias o los puntos de vista» que pueda tener el Ejecutivo en relación con los hechos que se atribuyen a los ertzainas «los expresará a través de su actuación judicial, si es que al final se actúa y según como se actúe».

«Sería incompatible declarar el respeto del Gobierno a las actuaciones judiciales que se vayan a emprender a partir de este momento con formular una crítica de fondo sobre el núcleo mismo de la decisión que justifica el auto suscrito por la juez de instrucción», ha añadido.

Preguntado por si el Gobierno de Lakua va a seguir manteniendo el coste de la defensa de los tres mandos intermedios procesados, Josu Erkoreka ha recordado que «hay un mandato normativo que obliga, no a esta Administración, sino al conjunto de las administraciones que tienen responsabilidades sobre unidades policiales, a erigirse a asumir la responsabilidad, en principio civil, de todos los daños que puedan derivarse de la actuación de los policías en el ejercicio de sus funciones».

Por lo tanto, ha explicado que el Ejecutivo «lógicamente asumirá» lo que le corresponda, y ha recordado que los ertzainas imputados tienen abogados particulares. «Su defensa está siendo asumida por abogados que no son los del Gobierno, sino elegidos personalmente por cada uno de ellos», ha señalado.