Raquel Montón es la responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace y Jan Havercamp es miembro de Nuclear Transparency Watch. Los dos comparecieron el pasado miércoles en la Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Parlamento de Gasteiz para hablar sobre Garoña y los pasos que pueden dar las instituciones vascas para impedir la reapertura de la central, que el pasado 8 de febrero recibió el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

«Pero el informe del CSN está condicionado a unas obras, y no puede cargar combustible hasta que las acometa», matiza Montón, que no cree que Iberdrola y Endesa, propietarias al 50% de la planta, vayan a querer ponerla de nuevo en funcionamiento. «Nuclenor se desconectó unilateralmente y pidió un cese de explotación por quiebra. Y desde entonces no han hecho nada. Llevan cinco años sin licencia porque la empresa ha querido, ya que el Gobierno ha cambiado en tres ocasiones las normativa», señala antes de hacer hincapié en que estos cambios legales podrían propiciar la concesión de una licencia «sin fecha de finalización» a otra central nuclear.

A su juicio, las compañías energéticas «se han dejado querer para dar paso a una legislación paralela». Una leyes nuevas que, tal como denuncia Havercamp, se han redactado de espaldas a la ciudadanía, coartando el debate público, algo que contraviene el Convenio de Aarhus, que rige el derecho de acceso a la información ambiental. Y recuerda que la posible reapertura de Garoña podría afectar a terceros estados, por lo que se debería aplicar el Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, aprobado en la ciudad finlandesa de Espoo hace más de 26 años.

Asimismo, insiste en la importancia de la transparencia y compara el funcionamiento del CSN con el regulador francés, que es independiente. En este sentido, Montón censura que el CSN está «capturado a nivel político» y «no está atendiendo a los informes de los técnicos». «Están cambiando a los técnicos y no permiten que estos compartan información con otros técnicos. Tienen que hablar antes con el director de seguridad», indica tras explicar que el CSN tiene inspectores residentes en las centrales que redactan informes con los datos que le facilitan las operadoras.

«El propio presidente del regulador –Fernando Martí– dijo que el operador es el que más sabe de seguridad, y la vicepresidenta –Rosario Velasco– rechazó que los plenos del CSN fueran abiertos. Dijo que si se les veía debatir públicamente no iban a poder hablar en confianzas, se les coartaría la libertad», añade, y compara la situación con la EEUU, donde se emiten los plenos en streaming. Lastima que, como ella misma critica, el sistema vigente en el Estado español se parece más al japonés, donde «al final los técnicos se creyeron sus mentiras y acabaron cometiendo fallos».

Errores graves que propiciaron la catástrofe de Fukushima, central gemela de Garoña. La planta burgalesa también está emparentada con otra central que ha copado titulares en los últimos años. La de Doel 3, en cuyo reactor, idéntico al de Garoña, se han detectado 8.000 fisuras. Havercamp explica que los técnicos detectaron estas grietas gracias a un escáner. «Pensaron que era por las burbujas de hidrógeno, hicieron pruebas y no llegaron a la conclusión de que fuese por ese motivo», señala antes de apuntar a dos hipótesis: el envejecimiento de los materiales y los fallos en la fabricación inicial de la vasija del reactor.

«Nuclenor solo mira papeles»

Montón advierte de que Nuclenor debía haber realizado pruebas en la vasija de Garoña para descartar problemas, pero no lo ha hecho. «Nuclenor solo mira papeles. En vez de aplicar el principio de precaución, dice que en sus papeles no hay disconformidad y que ellos están bien», destaca. Jan Havercamp va más allá, y alerta de la posibilidad de que se pudiera producir un choque térmico al introducir agua a presión en el reactor. Según detalla, en algunos lugares han decidido aumentar la temperatura del agua de refrigeración para evitar que se produzca esta situación.

Lo cierto es que, tal como señala la responsable de Greenpeace, muchas centrales europeas han cumplido o están próximas a los 40 años, y los ingenieros están analizando sobre la marcha cuales son los efectos del paso del tiempo. En el caso de Garoña, algunas estimaciones apuntan a que Nuclenor debería invertir 200 millones de euros para cumplir las exigencias del CSN y poner a punto la central. Entre otras cuestiones, tendría que cambiar el cableado eléctrico y construir una torre de refrigeración. Obras costosas que parece que, al menos Iberdrola, no está dispuesta a asumir.

En el caso en el que las eléctricas decidan seguir adelante, las instituciones vascas solo podrían recurrir ante un tribunal una vez que Madrid autorice la reapertura. «Tenemos que esperar que haya una autorización, y tenemos que agotar toda la vía judicial para poder acudir a Espoo», explica Montón tras escuchar a Havercamp, que recuerda como los Estado español y el francés, entre otros, evitaron que se estableciera como precedente un caso ocurrido en Ucrania y recurrido a Espoo.