El Ayuntamiento de Ondarroa ha convocado hoy, a las 17.30, en la Cofradía Nueva, en el puerto, a los vecinos de San Inazio para darles a conocer detalles de cómo van los trabajos de estabilización de Kamiñalde y de las gestiones para obtener dinero con el que afrontar la inversión. Será el propio alcalde, Zunbeltz Bedialauneta, el que explique la situación actual del proyecto y las conversaciones que han mantenido al respecto.

El primer edil no oculta la desazón que le provoca que los responsables del Ejecutivo de Urkullu y la Diputación todavía no hayan respondido a su propuesta para que ambas instituciones aporten los 2,3 millones de euros que cuestan las obras de emergencia, lo que garantizaría una cota de seguridad mayor. A esta partida, hay que sumar los 2,7 millones de los trabajos de urgencia.

El alcalde contempla que este año se puedan iniciar todas esas actuaciones para que Kamiñalde deje de ser un problema. Con esos trabajos, se garantizaría el regreso a casa de la mayor parte de las familias, sin olvidar la reparación de los propios edificios afectados por el derrumbe.

Bedialauneta apunta a que hace una semana que Lakua y Diputación debieran de haber contestado. El tiempo apremia pues acometiendo esos trabajos y el arreglo de las viviendas, proyecto para el que el Consistorio ya tiene reservada una partida, los vecinos afectados podrían pensar en regresar a sus hogares a medio plazo. El montante global de la inversión necesaria es de 5 millones de euros, al margen del pago por las arcas locales a los propietarios de los terrenos afectados.

84 familias pendientes

Inicialmente, el Ayuntamiento había anunciado que, a finales del pasado mes, la mitad de las 84 familias que siguen desalojadas podrían retornar a sus casas pero la falta de compromiso firme de los gobiernos autonómico y foral lo impide.

Hace tres semanas, los propios afectados se quejaron de la «incertidumbre» en la que viven y manifestaron su malestar por la falta de implicación de la Diputación y el Ejecutivo. El sábado, transcurridos trece meses desde que tuvieran que abandonar apresuradamente sus domicilios por los desprendimientos, los vecinos volvieron a concentrarse pidiendo un compromiso firme de todas las instituciones públicas.

En relación con el trabajo conjunto de las distintas administraciones, el alcalde de Ondarroa recuerda que el 16 de agosto de 2016 se constituyó una mesa de trabajo que «no ha sido capaz de resolver los asuntos urgentes». Bedialauneta se pregunta «para qué estamos las instituciones si no somos capaces de resolver los problemas que aquejan a los vecinos. Ha transcurrido más de un año, y la Diputación y el Gobierno Vasco parece que no se dan cuenta de la situación que están sufriendo 84 familias».

Hasta la fecha, Ondarroa ha recibido del Gobierno español 2,1 millones de euros mientras que la Diputación vizcaina ha aportado 1,5 millones y el Ejecutivo de Lakua ha otorgado otros 2 millones de euros.