Ainara LERTXUNDI

Toda una vida en la lucha contra la impunidad a ambos lados del Océano

Lugar y año de nacimiento: Buenos Aires, 2 de octubre de 1949. >Militancia política: Comenzó al entrar en la Universidad en 1968. En enero de 1975 se integró en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y en setiembre de ese año, ya licenciado en Derecho, abrió junto a compañeros de promoción varios bufetes en la capital argentina para asesorar a delegados y comités de empresa. >Detención y exilio: El 13 de marzo de 1976, once días antes del golpe de Estado de Videla, fue detenido y conducido a la ESMA. Tras pasar 20 meses preso en varios centros lo expulsaron al Estado español. Desde su exilio, asesoró a supervivientes de la dictadura y familiares de desaparecidos. Impulsó importantes juicios contra los represores.

La vida y militancia –al fin y al cabo una misma cosa– del abogado Carlos Slepoy –«Carli» como le llamaban sus amigos– estuvieron siempre ligadas a la defensa de la memoria y la lucha contra la impunidad, hasta su último aliento, a última hora de este lunes. «La búsqueda de la justicia es una cuestión de regeneración democrática y también una enseñanza para las nuevas generaciones», afirmaba en entrevista a GARA en junio de 2015 en Iruñea, durante uno de sus viajes a Euskal Herria para impulsar la adhesión a la querella interpuesta en Argentina el 14 abril de 2010 contra los crímenes del franquismo.

Slepoy fue detenido el 13 de marzo de 1976 en una céntrica cafetería de Buenos Aires. Lo llevaron a la Escuela Mecánica de la Armada, que tras el golpe de Estado de Videla el 24 de marzo de ese año se convirtió en centro clandestino de detención y exterminio. El hecho de que la compañera con la que lo arrestaron fuera italiana y que las detenciones se produjeran antes del fatídico 24 de marzo resultaron determinantes para que salvaran la vida. Tras 20 meses preso en varios centros, Slepoy fue expulsado al Estado español. Inmediatamente contactó con organizaciones solidarias con Argentina y toda Latinoamérica, sacudida en esos finales de los 70 por régimenes dictatoriales.

En marzo de 1996, el fiscal español de la Audiencia Nacional Carlos Castresana interpuso una denuncia contra represores argentinos que dio lugar a la causa del entonces juez Baltasar Garzón. Aquella querella, con todo el debate jurídico que generó sobre el alcance de la justicia universal, así como el posterior juicio al excapitán de fragata Adolfo Scilingo, autor confeso de los «vuelos de la muerte» –en el que representó legalmente a víctimas y familiares–, y al proceso al dictador chileno Augusto Pinochet, 503 días preso en Londres, supusieron para «Carli» un «profundo aprendizaje».

«Scilingo fue el primer militar detenido tras los indultos, del mismo modo que ‘Billy el Niño’ y Muñecas fueron los primeros responsables del franquismo en ser llamados a declarar por crímenes contra la humanidad. Verlos dando la cara ante un tribunal fue un momento importante», resaltaba en aquella entrevista, en la que insistía en el valor futuro de todo este trabajo: «¿Qué enseñanza perciben las nuevas generaciones que se crían sabiendo que en su país se han cometido matanzas de este tipo y que no han sido ni investigadas ni juzgadas?».

Referentes como Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Adolfo Pérez Esquivel resaltaron ayer su labor pro-derechos humanos, que también deja huella en Euskal Herria.