No por esperada deja de ser noticiosa la enésima negativa española al plebiscito catalán. En respuesta a la carta enviada el miércoles por el president, Carles Puigdemont, solicitando la apertura de una negociación sobre el referéndum, el presidente español, Mariano Rajoy, envió ayer otra misiva en la que rechaza las urnas de forma contundente: «Considero inexcusable volverle a reiterar no solo la imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino también la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional».

En su carta, Rajoy afeó a Puigdemont que «al mismo tiempo en que reclama al Gobierno de la Nación que acepte la celebración de ese referéndum, prepara un conjunto de iniciativas legales que suponen la liquidación absoluta de nuestro orden constitucional». «Mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no ser satisfechas sus pretensiones», añadió el presidente, en homenaje al barroquismo.

Rajoy hizo de este modo referencia a las filtraciones que esta semana ha realizado el diario “El País” sobre un borrador de la ley de transitoriedad jurídica. Un documento que el Govern ha calificado de desfasado, pero que el barco insignia del grupo Prisa no ha tenido reparo en utilizar y manipular, ofreciendo a Moncloa el asidero para no entrar a valorar la propuesta de negociación de Puigdemont. El mismo periódico ha completado la semana con una encuesta sobre la independencia –se puede preguntar en sondeos, pero no en referéndum– y con la advertencia de ayer: «El Gobierno, dispuesto a todo para impedir el referéndum».

Fue el preludio a un reguero de amenazas y advertencias que ministros y líderes del PP han vertido en los dos últimos días contra el proceso catalán. Sirvan como botones de muestra las palabras de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal: «El Estado tiene suficiente fuerza para impedir aquello que es una amenaza contra el Estado. Puigdemont ha amenazado constantemente el Estado».

También se abonó en las últimas horas a las amenazas el ministro de Interior, José Ignacio Zoido. A preguntas de una tertuliana en el programa de Federico Jiménez Losantos, que le solicitaba si estaban dispuestos a tomar el control de los Mossos d’Esquadra, respondió: «No tenga ninguna duda de que el Estado tomará todas las medidas que tenga que tomar. No tenga ninguna duda».

«La respuesta no sirve»

Por su parte, Puigdemont lamentó ayer la respuesta de Rajoy, tratando de hacerse el despistado al apuntar que «ni es la que esperábamos ni sirve para encontrar solución al desencuentro». El president lo hizo en la las jornadas del Cercle de Economía en Sitges (Barcelona), donde en los próximos días desfilará lo más granado del poder político y económico catalán y español. Ante tal público reiteró el derecho de Catalunya a la autodeterminación y rechazó de nuevo acudir al Congreso a pedir el referéndum, al considerarlo «una trampa». Por su parte, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, asumió el órdago español: «Si el Estado quiere impedir el referéndum, deberá usar toda su capacidad coercitiva».

De forma más silenciosa, pero como indicador de que la hoja de ruta se mantiene pese a la negativa española, la mayoría independentista del Parlament propuso habilitar la segunda quincena de agosto, en vista a un setiembre que se espera, como mínimo, intenso.

Rechazan una comisión para evaluar los efectos del «procés» en la CAV

EH Bildu propuso ayer la creación en el Parlamento de Gasteiz de una comisión que analice los efectos que el proceso independentista catalán tendrá en la CAV, tanto directamente en el caso de que el referéndum triunfara como por la respuesta que el Estado español dé a las ansias democráticas de Catalunya. Pero el resto de grupos no vieron la necesidad de hacer este análisis. El PP habló de las obsesiones independentistas, el PSE se quejó de que «son ustedes muy pesados», y nuevamente Elkarrekin Podemos y el PNV coincidieron en señalar que para hacer estos análisis vale la Ponencia de Autogobierno.

El portavoz de EH Bildu en esta materia, Pello Urizar, sostuvo que «esa negativa es incomprensible e irresponsable porque, por mucho que algunos quieran cerrar los ojos ante la realidad de Catalunya, su proceso va a tener importantes consecuencias en nuestro país, tanto en lo económico como en lo político, y resulta imprescindible conocer cuáles van a ser esos efectos si queremos afrontar adecuadamente el futuro». Recordó, por ejemplo, que Catalunya supone el 20% del PIB del Estado español, y si el proceso triunfara a buen seguro Madrid buscaría fondos en eliminar lo que de forma generalizada se consideran «privilegios vascos».

Sin embargo, la mayoría del resto de partidos prefirieron hacer el debate sobre el proceso catalán en sí o sobre la necesidad de no seguir por ese camino en Euskal Herria, en lugar de ver si sería necesario contar con una comisión parlamentaria que fuera previendo las consecuencias de lo que puede ocurrir en los próximos meses. I. IRIONDO

La CUP se suma al cruce epistolar y pide convocar ya el referéndum

«Hemos llegado al momento político en el que la tensión existente entre la demanda de un referéndum por parte de la sociedad catalana y la negativa reiterada por parte de las instituciones del Estado debe ser resuelta». La carta que los 10 diputados de la CUP enviaron ayer al president, Carles Puigdemont, fue al grano: «Se debe resolver con la convocatoria de un referéndum en setiembre de este 2017».

En una misiva contundente, aunque en buen tono, los diputados cuperos trataron de marcar su posición en esta semana de intercambio epistolar entre Rajoy y Puigdemont, a quien se dirigieron de forma clara: «Queremos conocer la fecha y la pregunta ya, president». También aseguraron tener claro que «con la movilización de todos, permanente, persistente y desobediente cuando sea necesario, defenderemos el referéndum y haremos que tenga todas las garantías necesarias para sentirnos reflejados como un pueblo en sus resultados».

«Es la hora, president, de que no esperemos ni un minuto más, de que convoque el referéndum y de que despliegue todo lo que sea necesario para garantizarlo. Nosotros, ahí estaremos», concluye la misiva de la CUP.B.Z.