En una entrevista con un medio colombiano, el fiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez atribuyó a las FARC un patrimonio que ascendería a «varios billones de pesos colombianos» –un euro equivale a 3.050 pesos colombianos al cambio oficial–. Aseguró que un equipo compuesto por 300 personas ha analizado más de 5,5 millones de archivos electrónicos relacionados con los supuestos bienes y activos de las FARC.

«Se trata de miles de inmuebles urbanos y rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, establecimientos de comercio que tenemos ya identificados y que es lo que nos va a permitir un proceso de extensión de dominio masivo. Esa leyenda de la pobreza franciscana está por terminar», resaltó. Exigió que «los testaferros y servidores» de la guerrilla sean juzgados por el sistema ordinario y no por la Jurisdicción Especial para la Paz. «El acuerdo de paz no limpió el patrimonio de las FARC. Es algo que yo reivindico», remarcó.

En respuesta a estas acusaciones, Ricardo Téllez, integrante del Secretariado de las FARC y negociador plenipotenciario en La Habana, denunció la pretensión del fiscal general de entorpecer la paz. «El fiscal no dio nombres, ahora resulta que somos los dueños de todo. Mejor dicho, somos los capitalistas de este país. Eso es inaudito y que el fiscal se vaya poniendo serio porque está aterrorizando al país, que presente las pruebas y dé los nombres, pero que no lance acusaciones sin sentido», exigió.

«El fiscal quiere meter cortinas de humo en vez de hacer su trabajo como debe ser. ¿Qué ha pasado con los agentes del Estado y los paramilitares? Hay un fondo para la reparación y allí llegará el dinero para la reparación a las víctimas. El Estado debe ser el que más recursos aporte y nosotros aportaremos para repararlas», subrayó Téllez.

Sobre el arresto el domingo en Bogotá del guerrillero Yimmi Ríos, que ayer quedó en libertad tras comprobarse que la orden de captura en su contra está suspendida, afirmó que la guerrilla da por superado este episodio, aunque rechazó la explicación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que alegó un malentendido entre la identidad real del detenido y el alias que empleaba. «Cuando se expide una orden de captura en nuestra contra tienen todos los datos. Esos errores de datos son inaceptables», resaltó.