El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, y el director de Juego y Espectáculos, Aitor Uriarte, han presentado este borrador, que a partir de ahora está abierto a la presentación de alegaciones. El texto aborda de manera exhaustiva el tema de la venta de entradas, especialmente a través de internet, y define claramente lo que es venta directa y comisionada, estableciendo límites a esta última de forma que tenga que hacerse con autorización de la Dirección de Juego y Espectáculos.

El objetivo es evitar la reventa de entradas con un incremento de precio, expresamente prohibida en la ley. En este ámbito, el reglamento establece que puede haber una venta con recargo pero el incremento de precio tiene que ser autorizado, como máximo de un 20% y estar debidamente especificado en la entrada.

Lo que no puede darse es la venta con recargo no autorizada y la venta «encubierta» del tipo: «Vendo un bolígrafo a 300 euros y regalo entrada para un concierto». «Eso lo vamos a perseguir», ha subrayado Uriarte.

También se quiere prohibir que se vendan entradas con diferentes precios en función de sexo, raza, origen o religión, y evitar así los casos de discotecas o bares que, por ejemplo, no cobran a las chicas y sí a los chicos.

Otra novedad es la necesidad de que en los establecimientos se diferencie entre el personal de seguridad y el de admisión (porteros) que ahora para ejercer tendrán que tener una acreditación que otorgará la Dirección de Juego y Espectáculos tras pasar unas pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas. El personal de admisión no podrá hacer funciones de seguridad.

El borrador también regula los espacios y horarios en los que pueden acceder los menores de edad y establece la diferenciación en función de edades (7, 12, 16 y 18 años).

El viceconsejero ha explicado que tras la publicación del borrador se abre un plazo que prevé que finalice en noviembre, cuando se podría tener el texto definitivo para ser aprobado por el Ejecutivo y remitido al Parlamento. También ha indicado que la idea es que el reglamento entre en vigor en enero de 2018.