Tal día como ayer hace 37 años, el 11 de junio de 1980, fue visto por última vez José Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra-Bakunin, militante de los CAA y refugiado en Iparralde. El Batallón Vasco Español (BVE) reivindicó su secuestro, asesinato y posterior desaparición. Estábamos ante un nuevo capítulo de la larga historia de guerra sucia que tanto ha sacudido nuestra tierra.

Los intentos para que en instancias judiciales tanto francesas como españolas se realizara una investigación seria y profunda veraz en aras a conocer la verdad de lo sucedido fueron cayendo sucesivamente en saco roto. Llegados al otoño de 2004 la causa abierta en 1999 en la Audiencia Nacional se archiva y se sobresee el caso provisionalmente hasta que hubiese nuevos datos.

Esa sensación de abandono institucional que invadió a nuestra familia y a todos aquellos que nos han apoyado, vino a ser reparada en septiembre de 2014. Tuvo que ser el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas e Involuntarias de Naciones Unidas con sede en Ginebra quien lo realizara. Tras estudiar y valorar un informe del caso realizado por Behatokia (Observatorio de DDHH de Euskal Herria), presentado a través de la fundación Egiari Zor, recibimos la invitación para desarrollar un encuentro privado, con vistas a escuchar nuestro testimonio.

Las conclusiones a las que llegó el Grupo de Trabajo fueron tan tajantes como claras: José Miguel era reconocido por la ONU como víctima de desaparición forzosa y por ello teníamos derecho a verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, por ser delito de lesa humanidad. Al menos habíamos ganado una batalla al tiempo: no había prescripción posible según la legislación internacional de DDHH. De las recomendaciones que el Grupo de Trabajo de la ONU hizo tanto al Gobierno francés como al español quedaron solo eso... recomendaciones.

El eco que entonces tuvo el caso de José Miguel repercute todavía en nuestra sociedad y ese voraz monstruo que supone el olvido. Olvido que corroe los sentimientos de familias que han sufrido como la nuestra en nuestro pueblo durante décadas, estaba siendo también vencido. En cualquier caso, estaba fuera de nuestras manos el hilo conductor necesario que nos llevara al conocimiento de la verdad de lo sucedido y en consecuencia la recuperación de aquel que nos había sido arrebatado. Teníamos claro que quedábamos a la espera de información procedente de alguien que hubiera estado ligado a las cloacas del Estado.

Y esa información fue transmitida por un ex-agente del CESID con vinculaciones a la guerra sucia al periodista Iñaki Errazkin. En diciembre de 2015 se encontraron en Brasil y le detalló dónde se encontraría enterrado el cuerpo de Naparra, entre las localidades landesas de Brocas y Labrit. Transcurrieron así meses verificando la información aportada sin conocimiento de la familia para evitar la creación de falsas expectativas. En junio de 2016 y en vísperas del 36 aniversario de la desaparición forzosa de José Miguel, conocimos el alcance de la nueva situación.

La contundencia de la información que se aportó a Ismael Moreno, juez instructor de la Audiencia Nacional, le condujo a dictar la reapertura del caso. Iñaki Errazkin declaró ante él y lo propio hizo el médico forense Paco Etxeberria presentando a su vez también un informe técnico. Solicitada la comisión rogatoria ante la justicia francesa para realizar la búsqueda de los restos en el lugar indicado por la fuente, las autoridades francesas marcan la fecha del 4 de abril de 2017 para realizar las labores de excavación.

De todos es conocido que ese intento ha sido infructuoso. Puede quedar la sensación de que el trabajo realizado por parte de Francia ha sido un puro trámite, incluso llegando a poder vislumbrar una postura de «bien queda» por su parte. En el momento en el que el juez francés dio por finalizadas las labores de búsqueda en la arboleda landesa, a las que por cierto no nos fue permitido acceder siendo únicamente nuestro abogado Iñigo Iruin y el forense Paco Etxeberria testigos de los trabajos, me embargó nuevamente una sensación de caída libre al vacío. Mi temor en ese momento era que ello, presumiblemente, conllevaría nuevamente el cierre del caso por parte del juzgado de instrucción nº2 de la Audiencia Nacional. Y estaba la vuelta a casa. ¿Cómo decirle a Celes, nuestra amatxo, que no lo habíamos encontrado? ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Y ahora qué?

Pues en estos momentos nos encontramos con que el juez ha admitido nuevas diligencias. Entre ellas solicitar información que conlleve a la localización del exagente tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil. El caso sigue adelante y ahí tendremos que estar, nuevamente luchando en la búsqueda de nuevas vías. Habrá que ver la posibilidad para que el área de búsqueda se amplíe y que a su vez también se tenga en cuenta otra posible localización del enterramiento del cuerpo que estaba recogida en el informe presentado por Paco Etxeberria.

Pero a mí no me cabe ninguna duda que si queremos seguir adelante en la búsqueda de la verdad de todos aquellos casos en los que tanto difiere el relato oficial de la evidencia de los hechos tendrá que haber una modificación de la legislación estatal vigente. Legislación sobre documentos oficiales clasificados que tendrán que salir a la luz y que por ahora se mantienen a la sombra de una Ley de Secretos Oficiales de 1968. Intento que el año pasado se planteó en el Congreso de los Diputados por parte del jeltzale Mikel Legarda y que se encuentra con la reticencia, sino oposición, en Madrid de los partidos que tuvieron responsabilidades de gobierno estas últimas décadas. ¿Acaso hay algo que ocultar?

Aprovecho la oportunidad e invito tanto al Gobierno de Navarra como al de la Comunidad Autónoma Vasca a que aúnen esfuerzos para trabajar en común. Ante el recurso de inconstitucionalidad del Estado sobre las leyes que empezaban a aportar un reconocimiento a las víctimas de su violencia, no se pueden quedar a la expectativa. No pueden apelar que cualquier labor realizada en ese camino será considerada como fraude de ley, por estar recurrida. Si queremos conocer la verdad de lo sucedido, el meollo de la cuestión está en la ilegitimidad de esa Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Y por último gracias. Gracias a todas las personas de las que de una forma u otra hemos recibido su apoyo, cariño, cercanía e inestimable ayuda a lo largo de estos años. Sin vuestro aliento y empuje no habríamos podido llegar hasta donde nos encontramos hoy. Bihotzez, mila esker. Maite zaituztegu.

Egia jakin nahi dugu! ¡Queremos saber la verdad!