La Audiencia Provincial de Nafarroa ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Eguesibar contra el archivo del caso por al desaparición de un bar prefabricado y ve que hay indicios de delito suficientes como para que se determinen las responsabilidades en un juicio oral. El caso radica en una alcaldada de Andía, que decidió que había que retirar un bar-cafetería propiedad del Ayuntamiento construido con módulos prefabricados para dar un servicio en una zona deportiva. Para no pagar los costes de la retirada, parece ser que acordó que la empresa que los retirara se quedara en pago con los módulos del bar.

La intervención del alcalde, durante la instrucción, ha sido ratificada por varios representantes de la empresa que retiró los módulos. Asimismo, los jueces de la Audiencia recuerdan que el asesor jurídico municipal «refiere que puso en conocimiento la forma en la que debía llevarse a cabo la baja e el inventario de los módulos» y que también avisó de que el acuerdo entre el alcalde y Nasipa (empresa que se encargó de gestionar la retirada) «no se ajustaba a derecho». Todo ello –según se recoge en el auto, que es firme– fue comunicado «expresamentea la concejala delegada de Hacienda», Carolina Potau (también de UPN).

Finalmente, el bar fue retirado por la empresa Cosmetal a recomendación de Nasipa. Concretamente, el coste de desmontaje se cifró en 11.584 euros, mientras que los módulos que han desaparecido del Ayuntamiento (y que, presuntamente, habrían sido usados como trueque por el desmontaje) valían diez veces más. En su día, su coste fue superior a los 150.000 euros, aunque una tasación posterior redujo el valor hasta los 116.584 euros. Cosmetal entró en concurso de acreedores y, según recoge el auto, no se ha podido constatar «que abonase ni percibiera cantidad alguna».

El auto supone un severo rapapolvo para la Fiscalía, que apoyó el sobreseimiento del caso y la desestimación del recurso interpuesto por el Ayuntamiento.