La edil de Economía y Hacienda, Marta Ajuria, ha comparecido este miércoles a petición del grupo municipal del PP en comisión para informar sobre las actuaciones del Ayuntamiento después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el cobro de la plusvalía en inmuebles que hayan perdido valor en el momento de la venta.

Según ha explicado, «dadas las peculiaridades del impuesto de plusvalías, por su baja presión fiscal», el Ayuntamiento bilbaino afronta la sentencia del Tribunal Constitucional con «tranquilidad». Ajuria ha detallado que en enero de 2017 se liquidaron 919 plusvalías, 1.344 en febrero, 834 en marzo, 681 en abril, «y así hasta llegar a las 5.152 en la actualidad, por un importe de 2,4 millones de euros».

Además, ha indicado que, hasta la fecha, el Ayuntamiento ha recibido 24 recursos «con supuestos similares a los contemplados en la sentencia del TC, uno de ellos con anterioridad» al fallo del Constitucional.

En ese sentido, el director de Hacienda, José Manuel Marín, ha reiterado que desde que se tuvo conocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional «están paralizadas las liquidaciones» cuando hay alegaciones por parte de los contribuyentes, y, además, los recursos no están resueltos por entender que «la situación todavía no está lo suficientemente clara como para adoptar una decisión».

«Por prudencia -ha dicho- estamos esperando a ese decreto foral normativo de urgencia que parece que la Diputación va a dictar en breve, y no estamos liquidando en ningún caso cuando hay cualquier solicitud por parte de los contribuyentes de que el valor de transmisión es inferior al de adquisición, no estamos liquidando nada».

En cuanto a la adaptación de la normativa foral por parte de la Diputación de Bizkaia, Ajuria ha recordado que el pasado 26 de mayo se celebró el Consejo Territorial de Finanzas de Bizkaia, en cuyo orden del día se planteó la norma foral de la plusvalía.

En esa reunión, ha explicado, el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, informó de que «se estaba estudiando la conveniencia de las medidas que se podían tomar de forma más o menos inmediata», y añadió que «la regulación de la nueva norma que regule esta materia se debía realizar, por un lado, en coherencia con la eventual normativa estatal, cuyo proceso se iba demorar en el tiempo, y, por otro, de forma armonizada con los Territorios Históricos».

En definitiva, ha precisado, lo que Iruarrizaga planteó en el Consejo Territorial de Finanzas fue que {mientras se resuelve la situación entendían que era conveniente elaborar una nueva normativa transitoria en la línea a la aprobada en Gipuzkoa y Alava». Esta propuesta se trató en la comisión técnica de Bizkaia de Eudel, «se aprobó el que se iniciara un procedimiento de adaptación normativa transitoria hasta tener la definitiva».

Para ello, ha señalado, Eudel ha constituido un grupo de trabajo técnico en el que está participando la Hacienda foral y, en estos momentos, «nos consta que la Diputación Foral de Bizkaia está ultimando su propuesta que conoceremos en breve».