Tal y como recogía IRUINDARRA NAIZ el pasado 29 de mayo, Alonso, durante años, presidió tribunales de selección de profesores de diversos instrumentos para la Escuela de Música Joaquín Maya. Pese a estar liberado como concejal y que su presencia no era imprescindible, el edil percibía 59,25 euros por sesión. Las actas recogen que su presencia en estos tribunales de contratación era, por lo general, de diez minutos o incluso menos. El resto de componentes del tribunal sí que permanecían durante horas para las audiciones.

Además, muchas de las actas de las reuniones presididas por Alonso presentan importantes incongruencias. Por ejemplo, en las que se produjeron el 8 de junio de 2015, los horarios son incompatibles. Supuestamente, Alonso estuvo media hora (de 8.30 a 9.00 horas) en el tribunal de selección de un profesor temporal de guitarra eléctrica. Sin embargo, otras actas recogen que durante esa media hora presidió otros dos tribunales (bajo eléctrico y batería).

En la transcripción de la información de las actas del proceso a los documentos de liquidación económica se produjo un error, de manera tal que se ha indicado la misma fecha y horario de celebración para dos procesos que, realmente, se celebraron en días diferentes, siendo estos procesos los que han dado lugar a la confusión. Por lo tanto, ninguno de los otros presentes incurrió en solapamiento de sus horarios y, por lo tanto, su actuación fue correcta. Este es el caso de la directora de la escuela, María Arratibel Aramburu, y la secretaria del centro, Nuría Abadía, cuya actuación se ajustó a la legalidad.

Apoyo de la Comisión de Personal

El caso de Arratibel y Abadía ha sido tratado en la reunión que ha mantenido la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Iruñea, en la que este organismo ha mostrado su total apoyo «a estas dos trabajadoras que documentalmente han demostrado ante esta Comisión que todas la retribuciones percibidas por formar parte de esos tribunales de selección están perfectamente justificadas, como se puede observar en las actas que se redactaron en su preciso momento, no dando lugar a ningún tipo de duda su labor profesional en las actuaciones arriba mencionadas que siempre han cumplido el principio de legalidad».